La identidad impuesta:
Cambios de la toponimia en los barrios de Chile (1973–1980)
The imposed identity: Toponymic changes in the neighborhoods
of Chile (1973–1980)
Jorge Alejandro Molina Jara
Universidad Católica del Maule
Avenida Circunvalación 1662, Villa Galilea, Curicó, región del Maule, Chile
ORCID: 0000-0002-8757-4909
Fecha de recepción: 28 de noviembre de 2019
Fecha de aceptación: 16 de noviembre de 2021
DOI: https://doi.org/10.31836/lh.25.7252
Resumen: La investigación busca
analizar los cambios de la toponimia en los barrios de Chile tras el golpe de Estado
de 1973. Al respecto, sostengo como hipótesis que las nuevas autoridades, en su
propósito de extirpar las ideas marxistas, eliminar físicamente a
representantes y prohibir sus emblemas, buscó generar cambios culturales e
identitarios en los sectores populares urbanos que habían sido bastión de la
Unidad Popular. Para ello, cambiaron sus topónimos emblemáticos de izquierda,
intentando reconfigurar la identidad política de la población barrial e
impusieron nombres icónicos para las fuerzas armadas, expresado en gestas y
héroes militares. Para esta investigación exploratoria se utilizaron diversas
fuentes: prensa, testimonios orales y documentación oficial del Estado.
Palabras
claves:
Toponimia, dictadura militar, identidad política, barrios.
Abstract: This research aims at analyzing toponymic changes in Chilean
neighborhoods after the coup d’état in 1973. My hypothesis is that the new
authorities, in their intention to root out Marxist ideas, physically
exterminate representatives and forbid their allegories, pursued the generation
of cultural and identity changes in the popular urban sectors that had been
bastions for the Popular Unity Party. In order to do so, they changed their
emblematic left-wing toponyms, trying thus to reconfigure the political
identity of the neighborhood population and imposed iconic names for the armed
forces, as manifested in military deeds and heroes. For this exploratory
research, various sources were used: press, oral testimonies, and official
State documentation.
Keyword: Toponymy, military dictatorship, political identity, neighborhoods.
Presentación
Los
distintos asentamientos, barrios, colonias o ciudades que han construido los
seres humanos han tenido un nombre que las identifica. Esos nombres son
topónimos, y han sido estudiados desde la geografía cultural (Arroyo, 2018;
Riesco, 2010; Tort, 2003), la historia (Gordon, 2011; León-Portilla, 2009;
Moreno Toscano, 1969) y la lingüística (Dauzat, 1971; Ruhstaller 2019), por el
interés que despierta la relación que establecen las comunidades con su entorno
natural o con su propia historia social y política, evidenciada en el nombre.
Empero, esos topónimos no siempre han sido definidos por las comunidades
luego de un proceso deliberativo, pues también existen nombres impuestos por
autoridades (Arroyo, 2018; Comerci, 2012; Dascalakis, 2006; Ruhstaller, 2019; Tort, 2003), muchas
veces externas, inhibiendo el deseo de las comunidades de generar o mantener sus
topónimos.
Esta problemática ocurrió a lo largo de Chile, luego del golpe militar
del 11 de septiembre de 1973, con que se puso fin al gobierno democrático de
Salvador Allende. Las nuevas autoridades prohibieron algunos topónimos e
impusieron otros a distintos barrios. Al respecto, resulta
relevante conocer por qué las autoridades de la dictadura cambiaron los nombres
de ciertos barrios, qué nombres fueron prohibidos y qué nombres, en su
reemplazo, utilizaron.
El estudio del proceso permite
constatar que las autoridades de la dictadura militar, en su propósito de
extirpar las ideas marxistas, junto con eliminar físicamente a representantes y
prohibir sus emblemas, buscó generar cambios culturales e identitarios en los
sectores populares urbanos que habían sido bastión de la Unidad Popular. Para
ello, cambiaron sus topónimos emblemáticos de izquierda, intentando
reconfigurar la identidad política de aquella población e impusieron nombres
icónicos para las fuerzas armadas, expresado en gestas y héroes militares.
Si bien esta política
afectó a numerosos barrios en el país, para objetos de esta investigación
exploratoria se centrará la atención en barrios de tres regiones de la zona
central de Chile, utilizando variados tipos de fuentes: documentación oficial,
prensa, fuentes orales y bibliografía útiles a los propósitos de esta indagación.
Los
topónimos y su designación
Sobre Chile, las ciencias sociales e
historia han desarrollado variadas investigaciones para analizar los cambios producidos
tras el golpe de Estado: estudios sobre la implementación del modelo neoliberal
(Hunneus, 2000a; Meller,
1998; Moulian, 1997; Salazar y Pinto, 2002), la regionalización (Boisier, 2000)
el cambio constitucional (Boisier, 2000; Hunneus, 2000 b), las violaciones a los derechos humanos (Angell,
1993; Leiva, 2009; Tironi, 1990; Valdivia, 2010), la implementación del miedo
(Timermann, 2015), cambios en la sociedad (Barr-Melej, 2017; González, 2020;
Moulian, 1997; Salazar y Pinto, 1999), la infancia (Rojas, 2010), los medios de
comunicación (Monckeberg, 2009), los partidos políticos (Corvalán Márquez, 2002;
Yocelevzky, 2002), las organizaciones gremiales (Oszlak, 2016; Rubio, 2013), sindicales (Salazar
y Pinto; 2002, Villela, 2018) y memoria (Garcés, 2019; Jelin, 2017). No
obstante, investigaciones sobre el impacto de la dictadura en los territorios,
a través del control del nombre, son más escasos y recientes.
Estos
estudios se han focalizado en el desmantelamiento de los símbolos de la Unidad
Popular (Cáceres y Millán, 2014), en el cambio de nombres de calles de Santiago
(Joannon, 2021; Rutconsky, 2020), pero se adolece de estudios que permitan dar
cuenta de esta política de “retoponimización” impulsada desde la dictadura para
barrios y poblaciones de Chile.
Para Iberoamérica, la
revisión del estado del arte permite evidenciar variados estudios sobre cambios
de toponimia, destacando los trabajos centrados en el área andina peruana (Cerrón-Palomino,
2000), los situados en localidades del gran Buenos Aires (Cutolo,1988; Piñeiro
2008), de igual manera hay interesantes trabajos en México (Zuñiga, 2000; Guzmán et al., 2020; Levin, 2003);
sin embargo, la mayor productividad de estos estudios los encontramos para
regiones de España: Galicia (Fraile, 1996), Alicante (Membrado, 2018), Murcia
(Llamazares, 1988), Cataluña (Rabella, Tort y Roma, 2010; Tort, 2003; Turull,
2011), entre otros.
El nombre de un lugar no
es una designación inocente. Para
Moreu-Rey (1995), un topónimo “sirve para distinguir un lugar preciso y
único en un contexto concreto” (p. 46). Por su parte, Pascual Riesco (2010), sostiene
que a través de la toponimia “se hace visible qué rasgos del territorio eran o
son considerados significativos para la población local” (p. 8). Los topónimos,
indica Dauzat (1971):
Nos enseñan cómo
se han designado, según las épocas y los medios, las villas y los pueblos, las
propiedades y los campos, los ríos y las montañas. En suma, nos permite
comprender mejor el alma popular, sus tendencias místicas o realistas, sus
medios de expresión, en definitiva (p. 9).
Los topónimos establecidos por la
comunidad, tras largos usos, son los que tienden a prevalecer, empero, la forma
de fundarse no es exclusivamente vía deliberación y uso comunitario, ya que
también puede originarse a raíz de la decisión de alguna autoridad o política institucional
que desee imponer un nuevo topónimo. Pablo Lacoste, afirma que:
Por lo general,
los topónimos tienen dos formas de surgir: desde arriba (del poder) o desde
abajo (por usos y costumbres del pueblo). Los topónimos impuestos por el poder
tienen como objetivo legitimar socialmente al grupo dominante. Este es el
sentido de colocar nombres de generales victoriosos, caudillos y líderes
políticos, o nombres de figuras religiosas. En el lado opuesto se cuentan los
topónimos que surgen espontáneamente, por el uso del lenguaje entre los
vecinos, con referencia a un elemento que se destaca en el paisaje y se
convierte en un hito (Lacoste, Premat y Bulo 2014, p. 100).
No obstante, la toponimia no es estática,
ya que puede cambiar irreversiblemente con el surgimiento de una nueva
toponimia, mucho más atractiva y elocuente, de un espacio y que con su uso
reemplazaría la anterior. Pero también, puede cambiar por decisiones políticas
de autoridades que quisieran suprimir la antigua toponimia, imponiendo una
nueva. Al respecto, María Eugenia Comerci (2012) sostiene que “si bien, la
toponimia es resistente a los cambios, con una persistencia que puede durar más
que los monumentos o las tradiciones, los nombres de un lugar pueden cambiar
radicalmente tras una decisión política” (p. 7).
Por su
parte, el geógrafo Joan Tort (2003) indica que “la substitución de la toponimia
vigente por una toponimia nueva suele ser, en cualquier territorio del mundo,
un hecho correlativo a los procesos revolucionarios y, en general, a los
cambios violentos de régimen político” (p. 2). Los cambios de toponimia fueron
parte de las estrategias de control del territorio, utilizadas por la dictadura
militar chilena, a partir del golpe de Estado de septiembre de 1973, intentando
suprimir nombres de barrios y poblaciones que tuviesen vinculación con la
izquierda marxista que buscaban exterminar.
Las
transformaciones estructurales en Chile (1960–1973)
A lo largo del siglo XX, Chile había estado
experimentando cambios estructurales en el ámbito económico, político y social,
otorgándole una nueva fisonomía al país. En la primera mitad de este siglo, se comenzó a implementar una acelerada industrialización
sustitutiva, especialmente durante los gobiernos radicales (1938–1952),
buscando potenciar la producción nacional, enmarcada en un proceso nacional
desarrollista (Meller, 1998; Salazar y Pinto, 2002).
Así,
la migración hacia las ciudades se vio estimulada por los requerimientos de
mano de obra que la industria y el comercio requerían (Molina, 2021). De forma
paralela, en las zonas rurales seguía
operando el latifundismo con relaciones de inquilinaje existentes desde la Colonia,
lo que imposibilitaba una mejora en las condiciones de vida del mundo campesino
(Chonchol, 1994; Robles, 2017), propiciando una acelerada migración desde los
campos a las ciudades.
En las zonas rurales, la reforma agraria iniciada el año 1967 permitió
a juicio de su ideólogo, Jacques Chonchol (1994) “dar acceso a la propiedad de
la tierra a quienes la trabajaban, mejorar los niveles de vida del campesinado
y aumentar la producción agropecuaria y la productividad de los suelos” (p. 290).
Gracias a esta reforma, más la ley de sindicalización campesina, también del
año 1967,[1] se empoderaron los campesinos y se logró
expropiar una gran cantidad de tierras: “1 319 predios con 3,4 millones de
hectáreas en el gobierno de Frei y 4 490 predios con 6,6 millones de hectáreas
en el de Allende” (Chonchol, 1994, p. 295). Esta reforma, que intervino por
primera vez el tradicional campo chileno, recibió la oposición de los
hacendados representados en la Sociedad Nacional de Agricultura y del Partido
Nacional. Estos poderosos opositores defendían sus tradicionales dominios y los
privilegios históricos que de ella devenían, denominando a la tierra como la “fuente
de la libertad y la dignidad humana". Además, acusaban a la reforma de
"provocadora del temor y la inseguridad" en las zonas rurales (Avendaño,
2014, p. 101).
Ante ello, desarrollaron distintas acciones, incluso armadas, para
obstaculizar las tomas de fundos e imposibilitar la Reforma Agraria. Los
historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999) sostienen que, al intervenir
por primera vez el tradicional campo chileno:
(...) el orden hacendal fue desafiado. Los trabajadores
rurales se atrevieron a exigir sus derechos políticos y sociales, incluso el
acceso a la tierra (...) este fue el periodo en que se rompieron las barreras
legales y en el que muchos inquilinos adoptaron posiciones desafiantes, que
sorprendieron a sus patrones (p. 106).
Esta
reforma reconfiguró la propiedad de la tierra y las relaciones sociales que de
ella derivaban, perdiendo los latifundistas en pocos años sus tradicionales
dominios y la autoridad que por siglos detentaron. Por otra parte, muchos
campesinos se fueron liberando políticamente, gracias a migraciones, comenzando
a simpatizar con sectores políticamente opuestos a sus antiguos patrones.
Así, en las elecciones de 1964, la izquierda creció con el triunfo de Óscar
Naranjo, de la izquierdista coalición del Frente de Acción Popular (FRAP), en
la zona agraria y conservadora de Curicó, proceso conocido como el “Naranjazo”.[2] Dichos resultados asustaron a la derecha
política que decidió abandonar a su propio candidato, apoyando al postulante democratacristiano
Eduardo Frei, impidiendo que el socialista Salvador Allende llegara al poder
ese año.
En las
zonas urbanas la población campesina inmigrante se encontró con un déficit de
viviendas. Las ciudades no estaban en
condiciones de recibir una migración tan alta, multiplicándose los
asentamientos irregulares. Hacia 1970, se estimaba que la ciudad de Santiago
contaba con 2 272 826 personas habitando en el área urbana, y de ellos, “alrededor
de 585 000 vivían en campamentos” (Cofré, 2011, p. 137). Esta problemática
social se hacía carne en familias que vivían en los campamentos, conventillos o
“poblaciones callampas”[3] hacinadas y sin las condiciones higiénicas mínimas,
repercutiendo en su calidad de vida.
El Estado chileno intentó enfrentar esta dificultad creando
el año 1965 el Ministerio de la Vivienda y desarrollando iniciativas
gubernamentales como la Operación Sitio,[4] pero fueron insuficientes ante la magnitud de
familias sin casa (De Ramón, 2000; Garcés, 2002).
La precariedad del mundo popular urbano y su
imposibilidad de acceder a una vivienda, contribuyó a generar las condiciones
subjetivas para apurar una solución, visualizando “las tomas” u ocupaciones
ilegales como una opción. Boris Cofré (2011) afirma que “en Santiago entre 1964
y 1973 se produjeron 402 tomas exitosas y de ellas 344 ocurrieron de forma
explosiva entre 1970 y septiembre de 1973” (p. 137).
Las tomas estuvieron antecedidas y relacionadas con
una intensa participación política de los sectores populares, la que fue incrementando en la década de los
sesenta. Esta hipermovilización social intentó ser canalizada por los partidos
políticos de centro e izquierda (Salazar y Pinto, 2002, p. 128), asumiendo como
propios los problemas de los “sin casa” y presionando al Estado para que
atienda la falta de viviendas.
Una vez triunfante alguna toma de terrenos, se
constituía en campamento o población. La mayoría de estos nacientes barrios
populares designaron a sus localidades con una toponimia icónica, que los
representara y definiera políticamente.
De las
poblaciones que estaban creciendo en el nivel nacional, un porcentaje
significativo se fueron identificando con la izquierda marxista, siendo
lideradas por los partidos: Socialista, Comunista y el Movimiento Izquierdista Revolucionario
(MIR). Para dar cuenta de su identificación política, establecieron topónimos
icónicos: Salvador Allende, Che Guevara, Lenin, Fidel Castro, Nueva Habana,
Venceremos, Carlos Marx, China Popular, Pablo Neruda, Ángela Davis, entre
otros. Los nombres no solo los distinguían de otros barrios contiguos, sino que
los identificaban y definían políticamente.
Todo
este proceso de transformación de la sociedad chilena y de politización hacia
la izquierda de los sectores populares, preocupó a la derecha política y a los
sectores conservadores del país, quienes visualizan con inquietud e incluso temor
las transformaciones en curso (Timmermann, 2015), por ello, apoyaron con
energía el golpe de Estado, para frenar y retrotraer los cambios.
La
política de la dictadura militar
Los militares y civiles que habían
propiciado el golpe postulaban que Chile estaba cayendo en una crisis moral,
institucional e identitaria, propiciada por reformas estructurales que
antecedían al gobierno de la Unidad Popular, y que con el gobierno marxista de
Salvador Allende se habían agudizado. Por ello, tras el 11 de septiembre de
1973, fueron detenidas
abruptamente distintas reformas que por años habían empujado los sectores
populares.[5]
Además,
fue cerrado el Congreso Nacional, se suprimieron los derechos constitucionales
y los partidos políticos; se intervinieron los medios de comunicación,
universidades y organizaciones comunitarias; se detuvo a dirigentes campesinos,
indígenas, sindicales, poblacionales y estudiantiles, muchos de los cuales
fueron ejecutados o engrosan el listado de detenidos desaparecidos.
El
antimarxismo fue uno de los pilares fundantes del golpe de Estado, quedando
evidenciado desde el primer momento a través de los bandos emitidos por la
Junta Militar, quienes denominaron su accionar como una misión liberalizadora:
Las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros de Chile están unidos,
para iniciar la histórica y responsable misión de luchar, por la liberación de
la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la
institucionalidad (Ministerio de Defensa Nacional, 11 de septiembre de 1973).
A partir de ese día, se desplegaron las Fuerzas Armadas y Carabineros con
la intención de desarticular y reprimir a las bases políticas y sociales que
apoyaban al depuesto gobierno. Los objetivos de extirpar a la
izquierda marxista del escenario político chileno, masificar ideológicamente
los principios liberales de la economía en la población y justificar, a través
de la tesis de la guerra interna (Corvalán Márquez, 2001; Valdivia, 2010), las
graves violaciones a los derechos humanos, fueron abordados diligentemente por
parte de los militares, recibiendo apoyo de civiles identificados con la
derecha chilena (Molina y Molina, 2013).
Empapados
del antimarxismo, las nuevas autoridades desplegaron acciones represivas contra
los símbolos del depuesto gobierno, instalando “el borramiento, la
resignificación y la redenominación de parte importante de la herencia
callejera de la Unidad Popular” (Cáceres y Millán, 2014, p. 154).
Estas
acciones fueron respaldadas por distintos ordenamientos jurídicos. Así, el
Decreto Ley N° 1 del 11 de septiembre, establece que “Chile se encuentra en un
proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos
de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y
excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo”
(Ministerio de Defensa Nacional-Subsecretaría de Guerra, 11 de septiembre de
1973). Por su parte el Decreto Ley N° 362 de 1974, establece en su artículo
único la eliminación de nombres de organizaciones asociadas a la izquierda:
Las
organizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880 no podrán tener
nombres de carácter o significación política. Corresponderá al Ministerio del
Interior, previa aprobación de los estatutos de dichas organizaciones,
calificar si en ellos se infringe lo dispuesto en el inciso anterior
(Ministerio del Interior, 13 de marzo de 1974).
En la misma línea, el Decreto Ley N° 418
del 8 de abril, refuerza su decisión ante vestigios toponímicos marxistas,
indicando “actualmente existen poblaciones, grupos habitacionales, edificios y
calles con nombres de líderes marxistas, o que se relacionan con esta
ideología, lo que está en contraposición con los postulados de la Honorable
Junta de Gobierno” (Ministerio del Interior, 8 de abril de 1974).
No
obstante, el objetivo de eliminar el marxismo era insuficiente para los
propósitos refundacionales que desde un comienzo expresó la dictadura; para
ello, buscaron configurar una nueva identidad nacional,
pues les era urgente “reconstruir moral, institucional y
materialmente el país”, buscando “cambiar la mentalidad de los chilenos”,
abriendo el paso a “nuevas generaciones de chilenos, formadas en una escuela de
sanos hábitos cívicos” (Hunneus, 2000a,
p. 218).
En este sentido, la
dictadura estableció una mirada esencialista de la cultura (Donoso, 2009;
Errazuriz, 2009) expresada en lo que denominaron “auténticamente chileno”,
estableciendo la llamada “cultura huasa” como su referente (Barr-Malej, 2017, p.
327): se oficializó la cueca como baile nacional[6] y se
incorporaron a músicos, “Los Huasos Quincheros”, como parte de las expresiones
culturales oficiales.[7] La
investigadora Karen Donoso (2009), al respecto indica:
Fue este
conjunto el que representó el folclore dentro de la dictadura militar, siendo
parte activa de sus aparatos culturales, tal como Benjamín Mackenna – miembro
de los Huasos Quincheros – participó desde 1974 en la Secretaría de la
Juventud y en 1977 en la Secretaría de Relaciones Culturales. Los Quincheros se
integraron al Comité de Recreación de las Fuerzas Armadas y además participaron
de las actividades que se hicieron para reunir fondos para la
"Reconstrucción Nacional" con posterioridad al golpe de Estado (p. 35).
Pero también, se buscó validar el rol de
las fuerzas armadas en la identidad nacional, incorporándolos como un elemento
constitutivo de su historia, de la construcción de sus instituciones, de la
defensa de su soberanía y de sus valores que buscaba transmitir, resaltando las
gestas y héroes militares como una estrategia autolegitimadora. Esto implicó,
para Luis Hernán Errázuriz (2009), una evidente “exaltación de personajes de
las fuerzas armadas y de orden” (p. 148). Con ello, se atendía sus principios
fundantes expresados en el Decreto Ley N° 1, que indicaba su “patriótico
compromiso de restaurar la chilenidad (sic), la justicia y la institucionalidad
quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las
tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de
Chile” (Ministerio de Defensa Nacional-Subsecretaría de Guerra, 11 de
septiembre de 1973).
Estas
acciones reconfiguradoras de la identidad debían ser transversales, pero con
especial énfasis en los sectores populares que habían sido base de apoyo del
gobierno de Salvador Allende, por ello, se intervino y reprimió con fuerza a
estos grupos y se buscó extirpar su identificación con la izquierda marxista, expresado
en la toponimia. Así, se lograba el doble propósito: eliminar vestigios
marxistas, expresado en los nombres de barrios, y autolegitimarse (los
militares y sus acciones), estableciéndose como elementos constitutivos de lo que
denominaron “verdaderamente chileno”.
Los
cambios de topónimos a poblaciones
En la zona central de Chile, compuesta por la
Región de Valparaíso, la Región Metropolitana de Santiago, la Región de O’Higgins
y la Región del Maule, concentran 62% de la población nacional (INE, 2017) bordeando los 11
millones de habitantes. Estas regiones, experimentaron en la década de los
sesenta y primeros años de los setenta, un crecimiento demográfico significativo,
gracias a migraciones de campesinos que llegaban a habitar en las ciudades,
haciendo crecer sus márgenes a través de ocupaciones informales de terrenos.
Muchos de estos nuevos barrios populares fueron orientados o conducidos por
sectores políticos de izquierda, quienes designaron sus nacientes poblaciones
con topónimos que los identificaran y definieran políticamente.
La
Región de Valparaíso, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad de
Santiago, posee dos ciudades que funcionan como cabezas de esta región:
Valparaíso, que es la ciudad capital,
reconocida por ser Patrimonio de la Humanidad,[8]
y Viña del Mar, que alberga el homónimo festival y se autodefine
como Ciudad Jardín. No obstante, esta ciudad jardín “no tiene flores para todos
sus habitantes”, como sostiene Nelson Arellano (2005), pues históricamente, los
sectores populares se han visto imposibilitados de acceder a las costosas
viviendas que la ciudad ha ido configurando, por lo que se ven obligados a ocupar
terrenos en los cerros que rodean la ciudad.
A través de ocupaciones
informales, nacieron decenas de poblaciones que a fines de los años sesenta se
comprometieron políticamente con la izquierda, expresándolo en sus topónimos. Al
respecto, el diario La Tercera de la Hora, a pocos días de materializado
el golpe de Estado, informaba:
En la provincia
de Valparaíso existen más de 200 campamentos, la mayoría de los cuales se formó
por ocupación ilegal de terrenos, pero las autoridades marxistas no les otorgaron
los servicios más elementales. Todos los campamentos llevaban nombres de próceres
comunistas y fueron rebautizados por orden militar y ahora se mencionan por los
nombres de héroes nacionales (28 de septiembre de 1973, p. 10).
En efecto, se constituyeron barrios y
poblaciones las que fueron denominadas: Salvador Allende, Elmo Catalán, República Democrática Alemana,
Unión Popular, China Popular, René Schneider, entre otros. Estos nombres,
naturalmente incomodarían a las nuevas autoridades, las que designaron una
nueva toponimia acorde con el país y con la identidad que buscaban refundar.
Así, la población Elmo Catalán[9] pasó a
denominarse Puerto Aysén; las poblaciones Cuatro de Septiembre y Nuevo Chile,
pasaron a llamarse Paso Los Andes y La Población; Salvador Allende, pasó a
denominarse Glorias Navales (Arellano, 2005).
La prensa del periodo daba cuenta de los
cambios de nombres:
(...) 32
campamentos, poblaciones o villas, que habían sido bautizados con nombres de
jerarcas marxistas recibieron nueva denominación por orden de la autoridad
militar. El campamento “Salvador Allende” de Reñaca, levantado después del
terremoto, pasará a llamarse “Bernardo O´Higgins. La llamada “Villa Lenin” se
llama desde ayer “Comandante Eleuterio Ramírez”. En Olmué, la población “Carlos
Marx” recuerda ahora el nombre del ilustre marino “Carlos Condell”. Por
iniciativa de la Municipalidad de Valparaíso, se llama a concurso para
rebautizar el llamado “Parque del pueblo” que en la administración pasada
llevara el nombre de “Vladimir Lenin”. (La
Tercera de la Hora, 16 de octubre de 1973, p. 5).
De los campamentos de la región, el
Salvador Allende fue el más importante durante el gobierno de la Unidad Popular
y por ello, fue intervenido y reprimido con mayor intensidad.
Figura 1
Allanamiento a campamento Salvador
Allende
Fuente: La Tercera de la Hora, 28 de septiembre de 1973, p. 5.
Este campamento fue visualizado por los
golpistas como un foco guerrillero; sin embargo, según los relatos de los
pobladores, tras la intervención militar no se encontraron armamentos como la
prensa indicaba. Al poco tiempo, el nombre del asentamiento cambió a población
Glorias Navales.
En la
Región Metropolitana de Santiago, que también dilató sus periferias entre 1967–1973,
a través de tomas de terrenos (Garcés, 2002) tuvo un potente movimiento
político social del mundo popular urbano, vinculado a los partidos políticos de
izquierda (Comunistas, Socialistas y del MIR) y del centrista Partido Demócrata
Cristiano, expresando en el nombre de sus barrios y poblaciones su
identificación política.
La
mayoría de los nombres escogidos, al igual que en otras zonas del país, tenía
referencia con algún icono de la izquierda marxista nacional e internacional, o
de fechas simbólicas para los pobladores. Estos nombres también fueron
censurados por parte de las autoridades golpistas. Al respecto, la prensa
informaba:
Cambian nombre a
los campamentos. Por decreto de la Junta Nacional de Gobierno, los campamentos Ángela
Davis; Unidos Venceremos; San Marcos; Gabriela Mistral; Mireya Baltra y 20 de mayo,
en lo sucesivo en un solo Block, se denominará “Remodelación Américo Vespucio”
(La Tercera de la Hora, 16 de octubre
de 1973, p. 5).
En la zona norte de Santiago, en el año
1969, pobladores con militancia comunista desarrollaron una ocupación de
terrenos denominado campamento Pablo Neruda, “nombre propuesto por un viejo poblador en homenaje
a la Unidad Popular” (El Siglo,
27 octubre 1969, p. 1). Tras el golpe de Estado, ese nombre incomodaría a las
nuevas autoridades (Molina, 2016) imponiendo otra toponimia.
También a la población Última Hora le
fue cambiado su nombre a Villa 11 de Septiembre (González, 2016), haciendo
referencia a la fecha del golpe de Estado. La población Gladys Marín, nombre de
la líder del Partido Comunista, pasó a llamarse Luis Cruz Martínez;[10] la población
Angela Davis[11] pasó a
denominarse Héroes de la Concepción
(Municipalidad de Recoleta, 2016), entre otros cambios.
En la
zona este de Santiago existía el campamento Ho Chi Minh, que en tiempos de la
Unidad Popular pasó a llamarse Carlos Cortés,[12] pero
tras el golpe fue renombrado Villa San Luis; el campamento Nueva Habana,
liderado por el MIR, también perdió su nombre. En la zona sur de Santiago, la
Villa Lenín fue rebautizada como población Yungay.[13]
Estos
cambios de toponimia se concentraron temporalmente en los últimos meses de 1973
y 1974, luego que la dictadura ya tenía sofocados los intentos de resistencia
al golpe, e iniciaba la segunda etapa, centrada en suprimir todo emblema marxista,
prohibiendo o cambiando para ello la toponimia icónica, refundando una nueva
identidad y, en consecuencia, una nueva toponimia.
En la actual
Región del Maule,[14] en su
capital Talca, durante el año 1968 se desarrolló una operación sitio destinada
a entregar 540 terrenos a familias pobres que requerían en donde habitar. Ahí,
los pobladores bautizaron su naciente barrio: Luis Emilio Recabarren, fundador
del Partido Comunista chileno. Por su parte, en la vecina ciudad de Curicó, distintas
ocupaciones informales de terrenos incluyeron nombres de próceres marxistas: Che
Guevara, Salvador Allende o Luciano Cruz.[15]
Tras el
golpe, en la ciudad de Curicó, el
teniente coronel Sergio Angellotti Cádiz,[16] fue
el militar encargado de la provincia y quien ofició al municipio el cambio de
nombre de poblaciones. El diario La Prensa de Curicó, del 28 de septiembre de 1973, al respecto indicaba:
Cambiarán
nombres a Campamentos marxistas. Cambiarán nombres a los campamentos que
recuerden a líderes marxistas vivos o fallecidos, o la fecha de tomas ilegales
de terrenos, según lo señalara el jefe de Plaza, teniente coronel de Ejército
Sergio Angellotti Cádiz a periodistas de este diario. En Curicó existen los
campamentos Che Guevara, Salvador Allende, Luciano Cruz, 10 de Julio y la
población 30 de mayo. Estas últimas recuerdan las fechas de las tomas ilegales
de terrenos donde se levantaron posteriormente viviendas que dieron lugar a
centros habitacionales (p. 4).
Estos cambios en Curicó se oficializaron a
partir del Decreto Municipal N° 928, del 30 de noviembre de 1973, que en su
parte resolutiva establecía:
Denominase a
contar desde la fecha del presente decreto alcaldicio, con nombres que
representen a personajes curicanos y en la importancia de exaltar en la
ciudadanía sus méritos, espíritu patriótico y público, a las poblaciones que a
continuación se indican:
1° Población
José Olano Arismendi (ex campamentos Luciano Cruz y 10 de Julio), sector Unidad
vecinal N° 13.
2° Población
Ricardo Silva Arriagada (ex campamento Salvador Allende), sector Unidad Vecinal
N° 14.
3° Población
Alferéz Pedro Nolasco Solorza (ex campamento Che Guevara), Sector Unidad
Vecinal N°13.
4° Población
Manuel Rodríguez (ex población 30 de mayo), Sector Unidad Vecinal N°2.
5° Población Sol
de Septiembre (ex campamento Pedro Aguirre Cerda), sector Unidad vecinal N°1 (La Prensa de Curicó, 7 de diciembre de
1973, p. 2).
La
pobladora Inés Hernández al recordar el cambio de nombre indicó:
A nosotros no
nos preguntaron nada. Como estábamos en dictadura teníamos que adaptarnos. Y
para juntar las dos poblaciones que eran independientes, la 10 de julio y la
Luciano Cruz, le pusieron Olano Arismendi a la población completa (…). No
pudimos decir nada, nos dio harta rabia si poh (sic), porque nosotros queríamos
respetar el nombre de nuestra toma (...) y nos quedamos con eso y hasta aquí
estamos viviendo 49 años (Comunicación personal, 7 de junio de 2020).
Por su parte, en la ciudad de Talca, tras
el 11 de septiembre, fueron allanadas varias viviendas y la represión a los
habitantes de la población Luis Emilio Recabarren, fue constante, como recuerda
la pobladora Sara Valenzuela:
Sufrimos
bastante, vivíamos encerrados (...), acá fue terrible, porque no sabíamos si
los hombres volverían. Mi marido y el vecino de al lado se levantaban a las 5:00
de la mañana y los pescaban los militares y los llevaban a todos para allá,
para una cancha y ahí los ponían con las metralletas, les pegaban, les quitaban
los carneses (sic) [documento de identificación nacional], los llevaban a la
tercera [Comisaria de Carabineros] para allá abajo (...) y a quienes no tenían
nada, después de darle unas buenas patadas, los dejaban que se fueran para el
trabajo. Por eso una vivía con el alma en un hilo, que a los hijos le pasara lo
mismo, entonces sufríamos harto (Comunicación personal, 9 de junio de 2018).
Los habitantes temían que las nuevas
autoridades desconocieran sus derechos de propiedad, situación que no ocurrió,
pero el cambio de nombre era inminente de acuerdo con los trascendidos de
prensa del diario La Mañana de Talca del 7 de octubre:
Limpieza en
poblaciones. Quitarán nombres Marxistas a poblaciones. Una vez que entren en
funcionamiento los comités municipales, organismos que asesorarán a la
alcaldía, se procederá al cambio de varios campamentos y poblaciones de Talca
que tienen denominaciones puestas durante el régimen marxista y que no
representan el sentir de los propios pobladores, quienes han solicitado tal
variación (p. 5).
Hacia fines del año 1973, ejecutan el
cambio del nombre de la población Luis Emilio Recabarren. La pobladora Sara
Valenzuela, al respecto afirmó: “ellos decidieron cambiarle el nombre a la
población, porque no les gustaba, porque era un nombre comunista” (Comunicación personal, 9 de junio de 2018).
El
poblador Héctor Ulloa, indicó: “nunca nos enteramos del cambio de nombre, solo
que después yo recuerdo que hubo un acto oficial de la dictadura, y ahí dijeron
que ya no se llamaba más Luis Emilio Recabarren la población, sino Sargento
Daniel Rebolledo (Comunicación personal,
5 de junio de 2018).
La
censura del nombre originado por los pobladores era acompañada por la
imposición de una toponimia, que buscaba instalar una nueva identidad política
para los barrios, alejada de las nomenclaturas marxistas y que legitimara a las
fuerzas armadas y sus gestas. Así, se instaló en Talca el nombre del militar
muerto en la guerra del Pacífico (1879–1883), sargento segundo Daniel
Rebolledo, en reemplazo de Luis Emilio Recabarren, y en Curicó se instaló el
nombre del comandante José Olano Arismendi, muerto en la misma guerra, en
reemplazo del campamento Luciano Cruz y la toma 10 de Julio.
También
se impuso el nombre de Ricardo Silva Arriagada, capitán que participó de la
toma del Morro de Arica, en el mismo conflicto armado, dejando atrás el de
campamento Salvador Allende. El nombre Alférez Pedro Nolasco Solarza, reemplazó
el del campamento Che Guevara, pues la dictadura quiso reconocerle por haber
donado tierras para el actual emplazamiento de la ciudad de Curicó.
Junto a
los nombres de “héroes” se reivindicaron “gestas” militares como nuevos
topónimos. En Curicó, en el año 1976, la dictadura fundó la población 11 de Septiembre,
dando cuenta de esta política de la dictadura tendiente a legitimar sus
acciones en los territorios.
Conclusiones
La política de la dictadura militar,
tendiente a extirpar ideas marxistas en Chile, no solo incluyo la desaparición
física o tortura a las personas que se adherían a ella, sino que también tuvo
una expresión territorial con el cambio de topónimos, asociados a iconos de la
izquierda que muchas poblaciones tenían.
El cambio de nombres de
barrios y poblaciones se desarrolló como una segunda etapa, luego de controlar
posibles focos de resistencia. Así, las nuevas autoridades comenzaron hacia
fines de septiembre de 1973 a prohibir que se les mencionase públicamente,
luego cambiando vía bandos y decretos municipales los nombres de barrios y
poblaciones, para finalmente consolidar esta política en 1974, a través del
Decreto Ley N° 418.
La nueva toponimia, que
cesaba el marxismo y relevaba héroes y gestas militares, respondía a una
política refundacional y una perspectiva cultural esencialista llevada adelante
por las autoridades golpistas. Esto implicaba definir lo verdaderamente chileno;
para ello, se reinstaló la “cultura huasa” de la zona central del país y se
buscó legitimar el rol de las fuerzas armadas en la historia. Esta política
nacional se desplegó por todo el territorio y con especial énfasis en los
sectores populares, que habían sido base de apoyo del depuesto gobierno. Muchos
de los topónimos impuestos continúan hasta hoy, logrando hacer desaparecer del
espacio público y de la memoria comunitaria la identificación política que esos
barrios algún día tuvieron.
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