Desarticular complots católicos: las Legiones y el delito de conspiración en Guadalajara, 1932-1935

Introducción

El presente artículo, que se construye en dos secciones, examina el surgimiento, la naturaleza y la estructura de la organización secreta de acción directa conocida como las Legiones, así como los episodios en que fue descubierta y condenada por las autoridades eclesiásticas. El propósito es analizar un proceso en torno al primer descubrimiento de las Legiones, el cual la historiografía ha reproducido desde sus primeros estudios sobre la agrupación (Ortoll, 1989, 1991); para ello, aquí se plantea una nueva hipótesis a partir de información inédita de la secretaría del gobierno del Arzobispado de Guadalajara, y de un juicio penal por el delito de sedición. Aunque esta organización ha recibido una atención considerable desde la década de 1970, estudios recientes subrayan que el papel que desempeñaron en las militancias católicas del México contemporáneo sigue siendo insuficientemente explorado (González et al., 2022, pp. 9, 14, 23).

La segunda sección analiza otro juicio penal - por el delito de conspiración -, iniciado en 1935 contra una célula legionaria ante el Juzgado Segundo de Distrito en Jalisco. Este caso - ausente en la historiografía reciente (González, 2019; Ellstrand, 2022; Santiago Jiménez, 2016, 2022, 2023) - revela un posible factor que llevó a un grupo de jesuitas a reubicar la dirigencia de las Legiones de Guadalajara a Ciudad de México, y desplazar el liderazgo de su fundador Manuel Romo de Alba, quien quedó al descubierto tras el proceso penal. Las declaraciones recogidas durante el juicio permiten observar cómo funcionó internamente el grupo secreto y ofrecen una mirada microscópica de la organización, gracias a la presencia de un militar infiltrado, quien dio cuenta de los códigos, contraseñas, objetivos, nombramientos y puntos de reunión del grupo. Su labor de documentación fue abruptamente interrumpida por la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia al detener a un grupo de legionarios, episodio que Romo de Alba (1986) omitió en sus memorias.

Este expediente judicial corresponde al primero de cuatro juicios instruidos en Jalisco por el delito federal de conspiración, que en conjunto involucraron a 64 acusados entre 1935 y 1937; de ellos, 11 eran mujeres y 53 hombres, de estos últimos, 31 eran sacerdotes; todos asociados al catolicismo militante. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó una metodología para el análisis de expedientes históricos judiciales del fuero federal elaborada por García Peña y García Castro (2010), esta se circunscribe a procesos del siglo XIX y no resulta aplicable a los juicios instruidos durante las reformas penales de la década de 1930. Por ello, se adopta el modelo del propio Código Federal de Procedimientos Penales de 1934.

Aunque no era la primera ocasión en que se registraban procesos penales por conspiración - presente en los juzgados de distrito desde 1872 -, en el periodo posrevolucionario adquirió una nueva configuración jurídica al tipificarse como delito independiente contra la seguridad exterior de la nación en el Código Penal Federal de 1929. En este contexto de transformaciones, la causa penal instruida en febrero de 1935 contra integrantes de las Legiones constituyó la primera ocasión en que se aplicó dicho delito en Jalisco, poco después de reformarse el Código Federal de Procedimientos Penales antes referido.¹

El delito de conspiración guardaba una estrecha relación con el principio de peligrosidad predelictual desarrollado por el positivismo penal, cuya influencia puede constatarse en la legislación penal mexicana. Desde esta perspectiva, la atención no recaía únicamente en el delito consumado, sino también en aquellos individuos considerados capaces de poner en riesgo el orden social y político. La defensa social justificaba así la intervención preventiva frente a sujetos cuya conducta revelaba una predisposición a delinquir (Speckman Guerra, 2024, p. 1089). Esta concepción representó una diferencia significativa respecto de la escuela clásica o liberal, para la que la peligrosidad sin delito no constituía fundamento suficiente para la sanción penal (Speckman Guerra, 2024, pp. 1088-1089).

El delito de conspiración puede entenderse como un grado inconsumado de atentados contra la seguridad nacional que permitía actuar contra fanáticos religiosos considerados peligrosos antes de que cometieran el delito proyectado, como la rebelión; es decir, se sancionaba el acuerdo entre dos o más personas para alzarse en armas, así como la planificación o preparación de los medios necesarios para llevar a cabo ese propósito, aun cuando la rebelión o el golpe de Estado no llegaran a ejecutarse, de ahí el fundamento en torno a castigar antes de delinquir, al margen de las características particulares de peligrosidad que pudieran o no atribuirse a los fanáticos.

En la década de 1930, este delito resultó fundamental para perseguir a grupos de disidentes católicos quienes, mediante reuniones reservadas, eran identificados por las autoridades como responsables de potenciales atentados. Al respecto, el juicio contra una célula de las Legiones ofrece el testimonio de una de las estrategias con las que el régimen posrevolucionario buscó prevenir rebeliones y enfrentar a los grupos secretos considerados disruptivos y temibles para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, abre una de las escasas ventanas que permiten observar de cerca cómo funciona una agrupación clandestina desde su interior, cuya naturaleza secreta suele obstaculizar su estudio.

Conspiraciones paralelas: las Legiones y la Liga de Penitencia, 1932-1935

Tras el fin de la rebelión cristera (1926-1929), muchos católicos que vivieron con la experiencia de desamparo tras la entrega de las armas en 1929 buscaron formas de reorganizarse sin renunciar al ideal de “restaurar todo en Cristo” (González, 2019, p. 222). Ante la imposibilidad de continuar la lucha armada, recurrieron a la tradición de las sociedades reservadas que durante la guerra habían operado en la clandestinidad. Esto supuso un repliegue defensivo y la creación de un espacio relativamente seguro, por el cual podían protegerse de la nueva persecución e infiltrar y combatir el anticlericalismo promovido por el gobierno (González, 2019, p. 222).

Campbell (1976, p. 30) precisó tres momentos decisivos que nutrieron el surgimiento de las Legiones. Primero, como efecto de la represión de 1931 hacia los católicos, los líderes moderados se encontraban ante un dilema: por un lado, las condiciones de los católicos no eran propicias para una lucha armada abierta, ya que el Ejército permanecía leal al gobierno revolucionario; por otro lado, no podían participar de hecho ni de derecho en la política, porque a los partidos políticos les estaba prohibido legalmente tener identificación religiosa. Para marzo de 1932, el obispo de Tacámbaro, Leopoldo Lara y Torres, envió al papa una protesta contra los arreglos de los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz, y abogaba por la lucha armada. Tres meses después, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa emitió un manifiesto en el que dio a conocer su renuencia a moderar su margen de acción (Campbell, 1976, p. 30). Así, el camino para la presión política era la organización clandestina bajo un esquema cuyos vínculos entre líderes visibles y la jerarquía eclesiástica se mantuvieran ocultos, y que además permitiera encauzar a los católicos militantes inconformes, apartándolos de las estrategias promovidas por la Liga (Campbell, 1976, pp. 30-31). De alguna manera esta opción fue incentivada por el papa desde enero de 1932, cuando alentó al episcopado mexicano a que con prudencia y sin comprometerse, encauzara a los seglares a formar un grupo político sin filiación católica, pero basado en los principios cristianos. De esta manera el papado resolvería el temor de que los católicos incitaran a otra rebelión armada, y a finales de 1932 surgió así, “sobre las ideas que en algún tiempo considerara Ruiz y Flores” - posiblemente en referencia a la U - la Legión (Campbell, 1976, pp. 31-32). En todo lo anterior coincide Hernández García de León (2004), porque recurre a la misma explicación de Campbell (1976) respecto de lo ocurrido en 1932, salvo porque señala finales de 1934 como la fecha aproximada de fundación de lo que llama indistintamente como “la Legión” o “las legiones” (Hernández García de León, 2004, pp. 40-43, 125).

No obstante, Hernández García de León (2004) introduce variaciones relevantes: suprime el papel de Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz; atribuye inicialmente la dirección de la organización a Antonio Santacruz y, más adelante, distingue dos corrientes en la dirección del Alto Mando: una vinculada a Romo de Alba y otra a Santacruz (pp. 43, 129). Esta última distinción coincide con la lectura de Ellstrand (2022), quien identifica una corriente más militante y jerarquizada, asociada a Romo de Alba y después a Salvador Abascal, y otra de carácter social y religioso, más cercana a la jerarquía eclesiástica, que terminaría imponiéndose y dando vida a La Base (Campbell, 1976, p. 32; Ellstrand, 2022, pp. 11, 37-38; Hernández García de León, 2004, pp. 40-43, 125, 129).

En sus primeras etapas, una de las principales tareas de las Legiones consistió en restablecer contacto con los excristeros que permanecían dispersos en distintas zonas de Jalisco, para reorganizar la oposición al gobierno y continuar, por vías clandestinas, el proyecto de resistencia católica (Ortoll, 1991, p. 285). Lo cierto es que este propósito unificador resulta insuficiente para comprender el surgimiento de las Legiones, porque la organización fue fundada esencialmente con un fin violento, bajo una lógica que recurría a “acciones rápidas, atomizantes y decisivas, contra males positivamente graves”, como llegó a considerarse al “comunismo cardenista” (Padilla, 1948, citado en Romo de Alba, 1986, p. 271). Para lograrlo, la organización diseñó seis estrategias: la infiltración de organismos gubernamentales; la infiltración de organizaciones obreras; la difusión de propaganda; el impulso de escuelas domésticas frente a la educación socialista; el apoyo a los trabajadores para la adquisición de propiedades, y la creación de un partido político dirigido secretamente por la organización (Ellstrand, 2022, pp. 35-36).

Aunque no se conoce con exactitud la fecha de creación de las Legiones, su fundador, el ingeniero agrónomo Manuel Romo de Alba, antiguo miembro de la u y de la Liga (González, 2019, p. 223), atribuyó el surgimiento de la agrupación a otro contexto inmediatamente posterior al referido por Campbell (1976). Según sus memorias, Romo de Alba (1986) colocó la primera piedra de “la Organización” - como él la llamó - en una oficina del edificio Mosler de Guadalajara entre 1933 y comienzos de 1934, bajo el lema “Unión y Esfuerzo” (pp. 235, 268).

El detonante fundacional fue la alarma provocada por el plan de educación sexual que impulsó la Comisión Técnica Consultiva que creó el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, a finales de 1932; esto generó una amplia controversia encabezada por asociaciones de padres de familia que llevó a la renuncia del secretario en mayo de 1934 (Del Castillo Troncoso, 2000, pp. 205-206). El plan de educación sexual corresponde en parte con la fecha atribuida por Campbell (1976, p. 32) al nacimiento de la organización, pero no con la autoría intelectual, puesto que él atribuyó a la jerarquía clerical la fundación y coordinación del ‘Consejo Supremo’, compuesto por legos devotos seleccionados por sus aptitudes y cuyas decisiones según, estaban sujetas al veto de Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz. Por su parte, Hernández García de León (2004) adopta primero esta narrativa sobre la jerarquía eclesiástica como fundadora de las Legiones (p. 43), pero más adelante reconoce a Manuel Romo de Alba como el fundador (p. 128).

En sus memorias, Romo de Alba (1986) interpretó el asunto de la educación sexual como una muestra de la creciente intromisión del Estado posrevolucionario en la esfera moral y educativa, vinculándola con la ofensiva anticlerical promovida por Plutarco Elías Calles, a quien acusaba de vulnerar los derechos de los padres e imponer una educación sexual “a la Basols[sic]” (p. 242), influida cada vez más por una tendencia comunista.² Desde su perspectiva, el proyecto educativo callista distorsionaba el derecho natural de la paternidad y restringía la libertad de enseñanza al someter a las escuelas particulares - mayormente católicas - a la pedagogía oficial. Esta situación, afirmó, reavivó el “espíritu de rebeldía contra las desorbitadas pretensiones del obstinado sectario” Calles (Romo de Alba, 1986, p. 232).

Romo de Alba (1986) concluyó que Calles no actuaba solo, sino “con él quienes, en el extranjero, desde las tenebrosidades de los conciliábulos judaico-masónicos, lo dirigían y alentaban en tan infausta labor” (p. 231). Las Legiones también contenían una fuerte influencia anti judeo-masónico-comunista; quizá eso explica por qué también en 1932, apareció en Guadalajara el semanario ilustrado La Actualidad. El Periódico del Hogar, cuyo editor era “Manuel Romo y Alba” - Manuel Romo de Alba -, en el que se imprimió una ideología antisemita y anticomunista en notas como las tituladas: “Contra el comunismo”,³ o “Protocolos de los jefes de Israel”.⁴

Es muy posible que el “Manuel Romo y Alba” de La Actualidad se trate del mismo Manuel Romo de Alba de las Legiones, porque más tarde este reeditaría textos antisemitas como El Judío Internacional, de Henry Ford, y Los Protocolos de los Sabios de Sion. Además, en el semanario La Actualidad circulaban notas sobre la situación sociopolítica de la Iglesia en la localidad y en San Juan de los Lagos, de donde Romo de Alba era originario, y porque posiblemente el subtítulo “El periódico del hogar”, fuera una reminiscencia de su primer semanario El Amigo del Hogar, fundado en 1912, durante sus primeros años de activismo católico y donde colaboraron figuras claves de la posterior rebelión cristera, como Anacleto González Flores (Romo de Alba, 1986, pp. 101-106, 302).⁵

En las páginas de La Actualidad se juzgaba que los problemas que perturbaban a México tenían su origen en el judaísmo internacional, cuyos miembros, bajo la premisa de la supremacía judía, conspiraban para excluir a los cristianos de sus planes políticos y económicos.⁶ Ante esta “ominosa situación”, Romo de Alba (1986) concibió:

La organización de las Legiones respondía a un modelo de extrema reserva y disciplina de carácter piramidal. Se trató de una sociedad concebida para operar sin dejar rastro escrito alguno: ni listas de miembros ni registros identificables. Cada integrante, al incorporarse, renunciaba al uso de su nombre propio y recibía en su lugar un número asignado conforme a un sistema decimal que garantizaba la singularidad de cada afiliado, incluso si la organización llegaba a contar con millones de personas (Ortoll, 1989, p. 18; Romo de Alba, 1986, p. 233).

Cada jefe tendría bajo su mando directo a 10 subordinados, y cada uno de estos, de manera independiente, debía reclutar a otros 10, repitiéndose esta operación hasta completar una unidad básica: una legión. Dentro de esta estructura, se desconocía quiénes integraban la organización - al modo de las prácticas del Partido Comunista -. Las órdenes se transmitían de manera vertical desde la cúpula, y cuando era necesario, se celebraban juntas discretas para intercambiar impresiones (Romo de Alba, 1986, pp. 233, 280). Este sistema celular permitía que cada grupo se mantuviera en secreto respecto de los demás, y así evitaba que el descubrimiento de uno no llevara al exterminio de la organización completa (Campbell, 1976, p. 32), justo como ocurrió con el caso analizado en la segunda sección de este artículo.

El territorio nacional se dividiría en 10 grandes zonas o divisiones estratégicamente ubicadas para que sus matrices pudieran comunicarse eficazmente. Estas divisiones eran integradas por múltiples unidades, cuyos responsables conformarían el denominado Alto Mando de la organización (Romo de Alba, 1986, p. 233). Se ha precisado que el Alto Mando corresponde con la organización conocida como La Base - u OCA (Organización Cooperación y Acción) -, sucesora de las Legiones luego de que estas fueran cooptadas en Ciudad de México por un grupo de jesuitas, entre los que se encontraban Eduardo Iglesias y Julio Vértiz, quienes cambiaron su finalidad, pero no su naturaleza secreta (González, 2019, p. 249; Ortoll, 1989, p. 33; Santiago Jiménez, 2016, pp. 79, 81). Esto sugiere que si bien el Alto Mando fue idea de Romo de Alba, se mantuvo en La Base.

Durante los primeros tres meses - sin precisar la fecha -, Romo de Alba escogió a los primeros 10 elementos que sirvieron de base para reproducirlos en núcleos de 10 personas. Al cabo de seis meses aproximadamente, la organización contaba con más de 20 000 afiliados - entre hombres y mujeres - en Guadalajara, y se extendió entre las principales localidades de Jalisco. La organización llegó a Colima, Tepic, Culiacán y después a Zamora, con lo que se conformó la primera división con su consejo consultivo, su mando único y secretariado completo (Romo de Alba, 1986, pp. 233, 235, 238, 239, 247, 248).

Cada división debía contar con un grupo selecto de especialistas en todas las ciencias y artes, para que ilustraran a sus respectivas jefaturas sobre cualquier problema que se suscitara. El reclutamiento se realizaba en dos ramas: masculina y femenina - esta última de crecimiento más rápido -, y se organizó por gremios o afinidades profesionales para fortalecer la cohesión y facilitar la acción coordinada, aunque las células no siempre eran homogéneas. Este método buscaba que los núcleos compartieran intereses y contextos similares, lo que mejoraría la eficacia operativa y permitiría al Alto Mando disponer con rapidez de los elementos necesarios para ejecutar sus planes (Romo de Alba, 1986, pp. 233, 236, 246). Entre los argumentos usados para reclutar, destacaban: que una revolución costaba mucho dinero; que la “acción directa” requería menos recursos; que en una revolución peleaban “hermanos contra hermanos”, mientras que de los culpables - los dirigentes - eran pocos los que morían; y que, descabezando la fuerza militar en que se apoyaba el gobierno, acabarían rápido y con menos muertes (Ortoll, 1991, p. 292).

La finalidad última de las Legiones, según su fundador, era acceder al poder público como condición para emprender la “reconstrucción del país” frente al deterioro económico, social y moral, atribuido a los “falsos revolucionarios”. Romo de Alba propuso instaurar un sistema electoral que asegurara la auténtica libertad municipal mediante ayuntamientos integrados por representantes genuinos de los diversos sectores populares. En consonancia con su proyecto de regeneración social, contempló la participación política de las mujeres, con derecho al voto y a intervenir en los plebiscitos y en la integración de ayuntamientos (Romo de Alba, 1986, p. 234).

En el trasfondo, el fundador de las Legiones buscaba organizar a los católicos en una unidad de mando cívico con disciplina militar para enfrentar “al socialismo, al comunismo, y a todos los enemigos de la fe y libertades del pueblo católico…. La meta …: la implantación de un Orden Social Cristiano”, por medio del “poder que había que conquistar por el camino que exigieran las circunstancias”, ya fuera el civismo o la violencia (Padilla, 1948, citado en Romo de Alba, 1986, pp. 255-56, 270). A esta organización se suman los grupos de vigilantes y pobladores de distintas localidades en donde se manifestaron múltiples formas de violencia para combatir las políticas anticlericales. El linchamiento, tortura y mutilaciones hacia maestros socialistas durante las campañas de desfanatización, se practicaron de manera sistemática por parte de los vigilantes - con apoyo incluso de organizaciones católicas -, o de forma circunstancial e impulsiva, como ocurría con las turbas enardecidas de pobladores (véase Kloppe-Santamaría, 2023, pp. 86-93).

Romo de Alba extendió las Legiones a la Ciudad de México hacia 1935, con la intención de ramificarse en todas direcciones. Aunque es probable que la razón detrás de su traslado a la capital del país se haya debido al descubrimiento y posterior juicio penal contra una célula legionaria a principios de 1935, porque los delatores no solo proporcionaron el nombre de Manuel Romo de Alba y lo señalaron como director de la organización, sino que también dieron su descripción física. Seis meses después de su instalación en Ciudad de México, Romo de Alba afirmó que contaba con más de 30 000 afiliados efectivos, además de un número indeterminado de reservas. Desde ahí comenzó a expandir la segunda división hacia Toluca, Pachuca y Cuernavaca, con el propósito de rodear la ciudad y lanzar el golpe final desde puntos estratégicos. Poco después surgieron tres divisiones más: Querétaro, Puebla y Oaxaca, y destacaron especialmente los miembros del Bajío - en zonas de Michoacán, Guanajuato y Querétaro -. La organización avanzó hasta el sureste y norte del país. En total, Romo de Alba presume que las Legiones disponían de unos 400 000 integrantes. Eventualmente la expansión cruzó las fronteras de México hacia ciudades como San Antonio, Los Ángeles y San Francisco (Romo de Alba, 1986, pp. 249-50, 259). Para 1936, los legionarios establecieron vínculos con la National Catholic Welfare Conference en Estados Unidos, prolongando relaciones que ya existían entre la resistencia católica mexicana y dicha institución desde la primera guerra cristera (Ellstrand, 2022, p. 34).

Pese a la vertiginosa expansión y los éxitos previos al golpe de Estado proyectado, se estima que entre 1932 y 1935 las Legiones fueron descubiertas al menos en cuatro ocasiones: en octubre de 1932; en agosto de 1934; en enero y septiembre de 1935. Sobre el primer caso, Ortoll (1991, pp. 290-91) señala que el arzobispado condenó públicamente a las Legiones mediante una circular que prohibía a los sacerdotes de la arquidiócesis involucrarse en actividades armadas, hecho que se considera de gran relevancia para comprender la existencia de la organización desde 1932. Por su parte, Serrano Álvarez (1989, pp. 163-68) sostiene que la condena obedeció a que la jerarquía católica “arreglista” - partidaria de evitar la lucha armada -, al tener conocimiento de la existencia de los legionarios, presionó al arzobispado de Guadalajara para que se pronunciara en su contra. No obstante, el propio Orozco y Jiménez había respaldado al grupo desde 1931.⁷ Esto rompe con la narrativa de Campbell (1976) sobre la jerarquía clerical personificada en Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz como figuras clave durante la fundación de las Legiones en 1932. La circular arzobispal se difundió ampliamente, incluso en El Informador (Ortoll, 1991, p. 291), y destacó además su rechazo al juramento de silencio absoluto. Romo de Alba añadió que, años más tarde, en 1935 - lo que evidencia una trayectoria prolongada -, Francisco Orozco y Jiménez rectificó la postura del arzobispado y apoyó a las Legiones, justo cuando Romo de Alba se preparaba para establecer una nueva división en Ciudad de México junto al jefe de la división de Guadalajara (Romo de Alba, 1986, p. 243).

Hasta aquí conviene aclarar dos puntos relativos a la tercera y cuarta ocasión en que las Legiones fueron descubiertas. El primero es que, el 10 de agosto de 1934 - poco antes de que Francisco Orozco y Jiménez volviera a México del exilio -, el secretario del arzobispado, Narciso Aviña, emitió una circular reservada dirigida únicamente a los sacerdotes de la arquidiócesis, en la que condenó directamente a “Los Legionarios”, pues su juramento de secreto no cumplía los requisitos de la teología moral.⁸ Esta condena, distinta de la pública de 1932, aunque confidencial, expuso a la organización ante el clero.

El segundo punto es que, un año después, el 30 de septiembre de 1935 - la cuarta ocasión en que las Legiones fueron descubiertas -, el arzobispo Orozco y Jiménez difundió entre sus “diocesanos” el comunicado “Sobre LOS LEGIONARIOS”, para declarar lícito su juramento de secreto siempre que se observaran las condiciones señaladas por los moralistas católicos, además de exhortar a los miembros a actuar dentro de los límites del derecho y la justicia.⁹ Esto genera confusión en el testimonio de Romo de Alba, quien habla de una condena arzobispal pública “años antes de 1935”, durante el último destierro de Orozco y Jiménez (1932-1934). Esa condena coincide claramente con la pública de 1932 documentada por Ortoll (1991, pp. 290-91). En cuanto a la circular reservada de 1934, es indudable - por su título - que trataba sobre los legionarios, pero solo pasó un año - no varios - antes de que el arzobispo comunicara a sus diocesanos la licitud del juramento. Esta aprobación corrigió la condena reservada de 1934 y concuerda con el testimonio de Romo de Alba (1986), quien recuerda que:

La confusión proviene de que existen tres momentos distintos - sospecha de sociedades secretas en 1932; rechazo formal a las Legiones en 1934; legitimación condicionada de las Legiones en 1935 -, todos con intervenciones del arzobispado, pero parece que tanto el análisis de Ortoll (1991) sobre la condena pública de 1932, como el testimonio del mismo Romo de Alba (1986), no se refieren necesariamente al mismo orden de acontecimientos. Es probable que Romo de Alba se refiriera a la condena de 1932 como una etapa temprana de las Legiones, porque su testimonio corresponde con lo ocurrido en ese momento, pero cuando señaló la posterior aprobación por parte de Francisco Orozco y Jiménez “años después”, posiblemente se haya referido a la rectificación de la condena reservada de 1934 - no la de 1932 - dirigida hacia “Los Legionarios”. Lo cierto es que, tanto la prohibición de 1932, como seguramente la de 1934, favorecieron a la organización porque permitieron depurar a los elementos menos comprometidos y mantener a los radicales, estos últimos, clave para los fines propuestos (Romo de Alba, 1986, pp. 240-41), y quienes eventualmente comenzarían a materializar sus primeros atentados.

Otro aspecto de lo ocurrido en 1932, es el caso de los hermanos Rigoberto y Juan Rincón Fregoso, que se asocia frecuentemente con el primer descubrimiento de las Legiones. Este episodio fue descrito por Ortoll (1991) y se ha reproducido en otros trabajos (González, 2001; Santiago Jiménez, 2016). Los tres autores precisan que el complot descubierto por el gobierno entre septiembre y octubre de 1932, por el cual desaparecieron a Rigoberto, mataron a Juan, y capturaron a un cura supuestamente asociado con la conspiración, constituye uno de los tropiezos que dejó al descubierto a las Legiones, lo que llevó al arzobispado de Guadalajara a condenar públicamente a la organización y a quienes juramentaran secreto para incorporarse a ella (González, 2001, pp. 267-68; Ortoll, 1991, pp. 289-91; Santiago Jiménez, 2016, p. 78). Al verse involucrada la Iglesia en el complot, esta condenó a las Legiones, “para reafirmar la posición oficial del clero frente a la cuestión política” (Ortoll, 1991, p. 291). Si bien ocurrieron casi de manera simultánea - la condena pública del arzobispado y el complot frustrado -, existen diferencias significativas que separan a las Legiones del complot de los Rincón Fregoso, aunque sin descartar la posibilidad de que ambos personajes también fueran legionarios.

La conspiración Rincón Fregoso inició el primero de enero de 1932, cuando el médico Rigoberto Rincón - el hermano mayor - hizo llegar al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez una iniciativa para implementar un plan de acción contra el gobierno basado en dos ejes: por un lado, oración/penitencia, y por otro, acción. Este proyecto se materializaría con la fundación de una organización llamada Liga de Penitencia. Los motivos se atribuyeron a la indignación derivada de los constantes atropellos por parte del régimen posrevolucionario contra los católicos, replicados también en Inglaterra y Rusia. Por ello, la finalidad de esta sociedad secreta era llegar a la acción “a donde fuera necesario”, bajo el controvertido lema: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María Virgen de Guadalupe!”, en consonancia con la doctrina católica vigente.¹⁰ En palabras de Rigoberto Rincón:

Para mayo de 1932, el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez recibió una comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara - posiblemente por parte de José Garibi Rivera -, en la que se le notificaba que estaba “pendiente … el proyecto del Dr. Rincón Fregoso para una Liga de Penitencia”, y se le sugería que se nombrara una comisión para que, sobre las bases propuestas por el doctor Rincón, se formularan unos estatutos y luego se nombrara al padre Diéguez director de dicha liga.¹² Esto demuestra que el plan lo conoció la Iglesia y no lo condenó, al contrario, el arzobispado procuró regularlo; a diferencia de lo ocurrido con las Legiones, cuyas actividades permanecieron ocultas incluso para el arzobispado - quien las condenó públicamente -, hasta que alguien las delató. Romo de Alba (1986) define ese episodio como “un escollo imprevisto” (pp. 239-43).

Como parte de su conspiración, los Rincón Fregoso iniciaron un programa de difusión para atraer adeptos a la Liga de Penitencia, y para ello editaron el periódico El Faro, el cual, parece no tener relación con los periódicos de Manuel Romo de Alba: Mercurio y La Actualidad. Salvo por el hecho de compartir algunos elementos de afinidad confesional, es de dudar que, dentro de una organización piramidal y centralizada como las Legiones, operaran de manera independiente dos órganos de difusión en la misma región. Pese a que solo se tiene registro de la circulación de Mercurio en 1930, el periódico El Faro de los Rincón Fregoso comenzó a imprimirse en 1932, paralelamente a La Actualidad y tuvo como encabezado la leyenda: “Sagrado Corazón de Jesús, Perdónanos y sé nuestro Rey”; como lema: “Santa María de Guadalupe reina de México, Ruega por tu Nación”, y en la sección titular, en los números localizados se remitía a la denominada: “CRUZADA DE PENITENCIA”, por la cual Dios daría su gracia para conseguir “la unión de todos, hacer una buena ORGANIZACIÓN y emprender … [la] ACCIÓN INFATIGABLE Y TENAZ hasta conseguir la libertad”.¹³ Aunque resultan evidentes ciertas coincidencias discursivas entre la Liga de Penitencia y las Legiones, particularmente en torno a conceptos como la unión y la organización, no existen elementos suficientes para sostener una vinculación orgánica entre ambas agrupaciones. Y a juzgar por la respuesta del arzobispado, el proyecto del doctor Rincón Fregoso fue aceptado;¹⁴ en cambio, la organización secreta de Romo de Alba fue condenada públicamente.

Adicionalmente, Santiago Jiménez (2016, p. 78) advierte que uno de los personajes implicados en el complot de los hermanos Rincón, fue un sacerdote que pertenecía a un “movimiento secreto” - principal razón por la cual el arzobispado condenó a las Legiones -. Sin embargo, la fuente citada remite al trabajo de González (2001), quien identifica al sacerdote como el padre Ramón González, acusado de organizar reuniones para preparar “un movimiento sedicioso” (p. 268); esta última cita está basada en el estudio de Ortoll (1991, p. 290). Lo cierto es que “movimiento sedicioso” es distinto a “movimiento secreto”, como erróneamente afirma Santiago Jiménez (2016), sobre todo porque particularmente durante esos meses, la palabra sedición, además de constituir un delito contra la seguridad nacional, circulaba como parte del argot de los agentes ministeriales, y se usaba para acusar a monjas o a quienes difundían propaganda considerada subversiva, es decir, sediciosa (Monterrubio, 2024a, pp. 46-67). Si bien sí se relacionó al padre Ramón González con el complot de los Rincón Fregoso, no fue por algún vínculo con la organización secreta de las Legiones, sino porque el impresor del periódico El Faro, José Sandoval, señaló al sacerdote en su declaración por haber recibido de él un libro de la Acción Católica, lo que se estimó como sedición - que en poco o nada se relacionaba con un movimiento secreto -, según lo atestigua el expediente judicial.¹⁵

El descubrimiento del complot de los Rincón Fregoso podría relacionarse con los constantes cateos y confiscaciones de la Procuraduría General de la República contra la Iglesia, como ocurrió en enero de 1932 con el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, tras el destierro de Francisco Orozco y Jiménez y que posteriormente fue devuelto. Lo llamativo es que en dicho repositorio se encontraba - y aún se conserva - el proyecto para la Liga de Penitencia. Además de la intervención en el archivo del arzobispado, también fue cateado el Hospital del Refugio en Tlaquepaque, donde Rigoberto Rincón ejercía como médico; quizá porque ya estaba en la mira de las autoridades, o bien, porque en el referido hospital se encontraba de visita Josefina Acevedo, hermana de la madre Concepción Acevedo - condenada a 20 años de prisión como autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón -, lo que alarmó a las religiosas que atendían la institución (Monterrubio, 2024a, p. 57) y a las autoridades federales. Esto posiblemente explica la supuesta ramificación nacional del complot. Además, Juan Rincón, el otro hermano, ya había sido identificado como potencial complotista internacional desde 1927, cuando era estudiante de medicina y fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por un agente confidencial de la Secretaría de Gobernación.¹⁶

Poco después del cateo en el Hospital del Refugio, el 25 de septiembre de 1932, a Rigoberto Rincón lo declararon desaparecido en la prensa.¹⁷ Al parecer fue secuestrado en su consultorio por agentes del gobierno y posiblemente asesinado esa misma noche.¹⁸ A raíz de ello, según el testimonio del excristero Jesús Padilla - registrado por Ortoll (1991) -, quien conoció personalmente a Juan Rincón, este intentó organizar un grupo para vengar la muerte de su hermano, luego de enterarse de que las autoridades militares fueron las responsables. Sin embargo, la versión oficial presentó el hecho como un complot contra el gobierno con alcance nacional. La prensa local afirmó que el grupo celebraba reuniones nocturnas sospechosas en una casa de la colonia Obrera y que, al ser sorprendidos, la policía fue recibida a tiros y al responder al ataque, fueron abatidos Juan Rincón Fregoso y Ascensión Gaspar (Ortoll, 1991, p. 289). Como parte de las investigaciones para desarticular la conspiración, el general Juan B. Izaguirre, identificó a Rigoberto Rincón como el director de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa - quizá por su relación más bien con la Liga de Penitencia que creó -, según las declaraciones de algunos detenidos. Izaguirre atribuyó a este grupo los secuestros cometidos en ese periodo, los cuales tenían como objetivo obtener “elementos bélicos” necesarios para ejecutar el complot.¹⁹ Romo de Alba no menciona en absoluto vínculos con el plan descubierto de los Rincón Fregoso, un caso ampliamente difundido en la prensa en el nivel local y nacional (Ortoll, 1991, p. 289). Lo cierto, es que ambos acontecimientos - el complot neutralizado de los Rincón y el descubrimiento de las Legiones por parte del arzobispado -, ocurrieron casi al mismo tiempo.

La octava brigada de legionarios ante la justicia penal federal, 1935-1936

El delito de conspiración se incorporó al Código Penal Federal de 1929 entre los delitos contra la seguridad exterior de la nación, como una respuesta del Estado mexicano ante el incremento de agrupaciones secretas opositoras al régimen posrevolucionario, pero también por la radicalización del conflicto cristero y sus repercusiones, particularmente tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928, atribuido a un complot. Al vincularse el magnicidio con sociedades secretas (¿Quiénes mataron a Obregón?, 1929, pp. 48-49; Islas y Muzquiz, 1932, pp. 89-121), el gobierno federal emprendió una estrategia de control a través de una serie de reformas penales, para desarticular las organizaciones clandestinas que representaban una amenaza para la estabilidad del orden político.

El nuevo ordenamiento penal introducido en 1929 presentó una limitación que dificultó procesar por el delito de conspiración, pues la sanción prevista se encontraba subordinada al delito de traición a la patria, por lo que no había una pena para el delito en sí (Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, 1929, p. 100). Este problema se resolvió en el código de 1931 al estipular la pena de hasta un año de prisión y hasta 1 000 pesos de multa. En 1934 se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y se promulgó la ley reglamentaria del artículo 102 constitucional. Eso otorgó al Ministerio Público Federal un papel central en la acción penal y persecución de delitos federales. Con ello se crearon las condiciones necesarias para que el procurador Emilio Portes Gil inaugurara una nueva etapa jurídica en la que se aplicó de manera integral el novedoso delito de conspiración. El procedimiento previsto por el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 correspondía a un sistema mixto con predominio inquisitivo dividido en cuatro etapas: 1: averiguación previa; 2: instrucción; 3: juicio; 4: ejecución.²⁰ Aunque distinguía entre las funciones de investigación y acusación del Ministerio Público y las funciones jurisdiccionales de los tribunales, la instrucción permanecía a cargo del juez, quien intervenía activamente en la investigación de los hechos y en la formación del expediente sobre el que posteriormente se sustentaba el juicio.

El juicio penal por conspiración contra los legionarios se divide en dos momentos diferenciados por la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como parte de las reformas al sistema de justicia. El primero comenzó el 7 de febrero de 1935, periodo en el que el Juzgado Segundo de Distrito inició la causa bajo el número 11/935, y dictó auto de formal prisión contra ocho de los procesados, y libertad por falta de méritos de otros dos. El auto de formal prisión fue revocado el 30 de abril de 1935, en segunda instancia por el Tribunal del Cuarto Circuito, que decretó la libertad por falta de méritos de todos los reos, excepto de Concepción Galván y Jesús Pozos, a quienes se les dictó la formal prisión solo por el delito de conspiración. Esta primera etapa terminó sin sentencia condenatoria o absolutoria el 21 de enero de 1936, con la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Unas semanas más tarde, el 7 de febrero se reinició la causa con el número 83/936, y el juez primero de distrito se avocó de su conocimiento, iniciando el segundo momento del juicio. El 8 de agosto de ese mismo año se emitió la sentencia definitiva de prisión contra Concepción Galván y Jesús Pozos a nueve meses de prisión, multa de 100 pesos o en su defecto 50 días más de prisión, otorgándoles el beneficio de la condena condicional, hasta que se declaró insubsistente la sentencia definitiva con fundamento en la ley de amnistía del presidente Lázaro Cárdenas, el 23 de febrero de 1937.²¹ Para una lectura que permita ubicar los documentos revisados en esta sección, se muestra la Tabla 1 en la que se identifican las etapas del proceso penal por conspiración; no obstante, el análisis no sigue una ruta lineal.

Con la reforma al artículo 3° constitucional que daría paso al programa federal de educación socialista en 1934, se desencadenó una serie de atentados - movimientos armados posteriores a la rebelión cristera, intentos de golpe de Estado o potenciales magnicidios -, por los que el delito de conspiración debutó en los juzgados federales. En Jalisco, este delito se empleó para acusar solamente a católicos (Monterrubio, 2024b, p. 5). En este escenario, a principios de 1935, pocas semanas después de asumir la presidencia, Lázaro Cárdenas sufrió un atentado cerca de Cuernavaca atribuido a una rebelión militar dirigida por Antonio Villarreal. Como parte de las pesquisas, Ortoll (1991, pp. 300-302) señala que en Guadalajara la policía encontró otra conspiración, sin relación con lo ocurrido a Cárdenas, salvo que ambos buscaban eliminarlo. Lo que ocurrió en Guadalajara fue que se descubrió una célula de las Legiones, cuyos integrantes se deslindaron de la rebelión de Antonio Villarreal, pues no buscaban sustituir en el poder a unos hombres por otros, sino transformar por completo el estado de cosas.²²

Estos legionarios fueron los primeros en ser acusados en Jalisco por el nuevo delito de conspiración. El caso inició de forma fortuita cuando agentes de la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia detuvieron a dichos individuos porque se reunían sospechosamente en secreto, sin saber que el Ejército había permitido deliberadamente el desarrollo de la organización mientras la vigilaba desde dentro. Entre los detenidos se encontraba el soldado del 23 Batallón de Infantería, José Pantaleón Castellanos, quien se infiltró para informar sobre las actividades del grupo, y durante su permanencia alcanzó el rango de oficial.²³ La vigilancia sobre los grupos de oposición no constituía una práctica excepcional. Durante este periodo, organizaciones de derecha como la agrupación paramilitar Acción Mexicanista Revolucionaria - los Camisas Doradas -, la Unión Nacional Sinarquista y posteriormente el Partido Acción Nacional fueron objeto de seguimiento por parte de las autoridades debido a la influencia que podían ejercer en los procesos electorales (Navarro, 1973/2010, pp. 23-31). Esta política se había consolidado de manera sistemática desde las rebeliones delahuertista y cristera (véanse Valdez, 2021; Young, 2013).

Otro de los acusados fue el pasante de derecho Enrique Morfín González, figura destacada y - posteriormente - fundador del comité regional en Jalisco de la Unión Nacional Sinarquista.²⁴ Las declaraciones de la averiguación previa se recabaron entre el 4 y el 6 febrero, siguiendo el orden jerárquico ascendente propio de la estructura piramidal de la célula legionaria, comenzando por los miembros de menor rango.

Este expediente revela que el soldado infiltrado José Pantaleón Castellanos, al declarar en calidad de testigo, y Jesús Pozos Llamas, legionario de rango medio, rompieron el juramento de sigilo y evidenciaron las tensiones internas y fallas en la cohesión del grupo. Pantaleón Castellanos ofreció información precisa tras haberse integrado deliberadamente para documentar las operaciones secretas, mientras que el segundo, al sentirse traicionado por la organización, rompió el silencio y proporcionó detalles de la estructura y dinámicas de los legionarios.

Según el relato del soldado Pantaleón Castellanos durante la declaración ante el procurador, Magdaleno Alvarado - dueño de la casa donde vivía Pantaleón -, actuó por petición de su amigo J. Concepción Galván, para convencer al soldado de renunciar al Ejército e integrarlo en una brigada de las Legiones. Pantaleón se negó al principio, pero luego de notificarlo a sus superiores, le ordenaron adentrarse en la agrupación para conocer el verdadero propósito de las reuniones a las que fue invitado.²⁵

Como parte de la fase de instrucción se recabaron las declaraciones del general brigadier Miguel Molinar S., comisionado por el general de división Alejandro Mange, jefe de la Novena Zona Militar y encargado de la operación encubierta, para proporcionar al juzgado de distrito la información sobre dicha operación. El general Molinar señaló que emitió un oficio simulado de baja del Ejército “por inútil para el servicio”, para Pantaleón Castellanos, con el que se presentó con Concepción Galván para integrarse, y fue aceptado en la agrupación tras jurar reserva absoluta en nombre de Dios y de la Iglesia sobre todo lo tratado en las reuniones. El infiltrado comenzó a acudir semanalmente a las juntas secretas que se celebraban en la calle Analco 777, ahí también se reunían en sesiones abiertas, padres de familia, para discutir sobre la educación socialista.²⁶ En ellas participaban los brigadieres legionarios Concepción Galván, Jesús Pozos Llamas, Luis Lozano y otros miembros. Según lo escuchado, el objetivo central era reunir al mayor número de personas para “estar siempre listos para el momento en que se les señalara, dar el golpe contra el gobierno”,²⁷ y así instaurar un régimen que permitiera el culto religioso. Aunque no se fijó fecha, se señaló que el ataque ocurriría entre 2:00 y 3:00 de la madrugada, con electricistas y soldados - brigadieres y mariscales - ubicados en distintos puntos para cortar la energía y las comunicaciones. Inicialmente se refirió que la organización contaba con elementos de Chapala, Cajititlán, Ixtlahuacán, La Calera, El Refugio, la Hacienda del Cabezón y otras poblaciones.²⁸

Según el relato del soldado Pantaleón Castellanos durante las declaraciones de su comparecencia, la célula conspirativa era la octava brigada - de las Legiones -, dirigida por Jesús Pozos. Se reunían de noche, con absoluta discreción y a puerta cerrada para no despertar sospechas.²⁹ Para mantener control sobre los integrantes, efectuaban revistas en distintos puntos de la ciudad.³⁰ En una ocasión tocó hacerla en la Calzada Independencia Sur, ahí cada miembro debía colocarse a unos 30 pasos de distancia y usar como contraseña la mano izquierda dentro de la bolsa del pantalón.³¹ Al inicio Pantaleón Castellanos ignoraba quiénes asistirían, pero ya en su puesto vio pasar rápidamente a Jesús Pozos, aclarando que dicha revista se verificó en la avenida Álvaro Obregón y no en la Calzada Independencia Sur, pues en esta última, dos domingos después tuvo lugar la revista de la novena brigada a la cual Pantaleón Castellanos no pudo acudir según lo declarado durante la averiguación previa.³² Sobre la pertenencia al grupo, refirió en la comparecencia ante el juez, que todos los miembros debían cubrir una cuota que iba de 5 a 10 centavos, o cantidades mayores según su categoría.³³

Pantaleón Castellanos refirió que en determinado momento estuvo en la casa de Concepción Galván, ahí vio a su hermano, José María Galván, y al licenciado Miguel Palomar y Vizcarra - vicepresidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa durante la rebelión cristera -, este último los alentaba a no desistir, pues una vez que se levantaran en armas, les aseguró que en menos de 24 horas obtendrían el triunfo. Luego les leyó una hoja con un grabado de la virgen de Guadalupe en la que se incitaba al pueblo a la rebelión. También indicó que tras una conferencia telefónica de larga distancia, Palomar y Vizcarra había viajado a La Barca, Vistahermosa y Portezuelo en Jalisco, para alentar a los partidarios de la organización a emprender el movimiento, añadiendo que no tenía ningún temor, pues si “se le llegara a torcer, metería una demanda de amparo para defenderse, lo cual se le facilitaba por tener todas las leyes en la cabeza”.³⁴ Aunque Campbell (1976, p. 40) advierte que Miguel Palomar y Vizcarra permanecía exiliado por esas fechas, lo reconoce como líder de los remanentes de la Liga, y colaborador del tabloide semanal Criterio, donde se insultaba a la oposición moderada promovida por Pascual Díaz, y se incitaba a los católicos a tomar las armas, tal y como se aprecia en la comparecencia de Pantaleón Castellanos.³⁵ En otro juicio por conspiración de 1935 contra dos mujeres y un hombre, a una de las acusadas se le encontró un ejemplar de Criterio, la proclama de Lauro Rocha de 1935, y un manifiesto del Partido Libertador Progresista fechado en octubre de 1933, cuyo argumento gravitaba sobre la siguiente afirmación: “Realizar una revolución en las sombras del clandestinaje es empresa ciclópea, pero no hay más remedio” (Monterrubio, 2024a, pp. 68-82). Por su naturaleza y contenido, el manifiesto coincidía con las principales seis estrategias de las Legiones (Ellstrand, 2022, pp. 36-37).

Según se determinó en el auto de formal prisión, en otra ocasión, los hermanos Galván impidieron a Pantaleón Castellanos tomar parte del asesinato del regidor del ayuntamiento de Guadalajara, Justo González, quien ordenó silenciar el repique de las campanas de los templos. El plan no se concretó porque el jefe propagandista de la octava brigada, Enrique Morfín, se encargaría del asunto. Por esta razón al proceso penal se añadió la acusación por tentativa de homicidio. Este episodio confesado por Concepción Galván y corroborado con la declaración del testigo José Pantaleón, sirvió al juez como prueba indudable de la temibilidad de los complotistas para decretar su presunta responsabilidad en la conspiración para cometer los delitos de rebelión y homicidio, pues sus designios iban más allá de matar a una sola persona.³⁶

Pantaleón Castellanos refirió en su comparecencia, que en una de las reuniones nocturnas en la calle de Analco 777, un cargador llegó a informar de una conversación que había tenido en la estación con agentes del gobierno, quienes se dirigían rumbo a Baja California para interceptar un contrabando de armas detectado por las autoridades, que venía por ruta marítima a alguno de los puertos del Pacífico.³⁷ Al salir a encender un cigarrillo, Pantaleón Castellanos aprovechó para anotar las placas del automóvil del cargador.³⁸ En otra reunión, escuchó que, en Guachinango, Jalisco, unos rebeldes habían matado a un oficial y a cinco soldados del 34 Regimiento y les quitaron las armas, lo que confirmó el general brigadier Miguel Molinar. Esto sirvió a las autoridades judiciales como prueba de que los complotistas tenían conexión con los rebeldes,³⁹ posiblemente vinculados a Lauro Rocha.

Una vez que Pantaleón Castellanos obtuvo cierto grado de confianza, Jesús Pozos lo comisionó para viajar a La Barca y entrevistarse con un legionario llamado Valeriano Valdovinos. Para ello, se le proporcionó una contraseña que consistió en dar tres apretones de manos al saludarse. En señal de reconocimiento, Valeriano Valdovinos le contestaría de la misma manera, tal como se identificaban entre sí los integrantes. Estando en La Barca, le informaron que Valdovinos se había dirigido a Sahuayo, Michoacán, a donde acudió sin lograr localizarlo, y se enteró de que lo habían fusilado recientemente por hacer propaganda sediciosa.⁴⁰ En comparecencia, Pantaleón Castellanos añadió que su fallida misión consistía en comunicarle a Valdovinos que las juntas de padres de familia debían verificarse los viernes y las reuniones secretas los miércoles.⁴¹ Ello sugiere que las actividades se organizaban en dos frentes: el proselitismo contra la educación sexual y socialista, y los preparativos para el golpe de Estado.

La revelación de información tuvo su costo para el soldado Pantaleón Castellanos. No se le encarceló tras la detención, pero pronto comenzó a ser acechado por varios individuos. En su comparecencia denunció que varias personas lo invitaron a trabajar, ofreciéndole distintas ocupaciones, pero temeroso de una venganza las rechazó todas. Una noche, mientras se dirigía al cuartel, un sujeto que caminaba detrás le gritó: “Córrele que te alcanzan”, inmediatamente volteó y el mismo individuo le dijo: “Mira que traidor, hijo de la chingada”, antes de dispararle seis veces, causándole dos heridas en la cadera. El agresor huyó y Pantaleón Castellanos apenas pudo identificar que era alto, de complexión regular, tocado con un sombrero tejano gris y portaba un gabán negro.⁴² Este relato coincide con lo señalado por Ortoll (1991, pp. 302-303), pues el atentado apareció en El Informador atribuido al cobro de una traición y, constituía una venganza por parte de la sección 12 de las Legiones, encargada de las acciones paramilitares.

Durante la averiguación previa, la declaración de Concepción Galván, quien introdujo a Pantaleón Castellanos, evidenció más aspectos sobre la organización. Primero, afirmó que las juntas tenían un supuesto carácter electoral para vigilar comicios,⁴³ aunque luego detalló la jerarquía que ocupaba, claramente de naturaleza militar, porque Galván fungía como brigadier y recibía instrucciones de Jesús Pozos, quien le concedió el grado y era su jefe inmediato. Galván explicó en su primera declaración ante el procurador, que cada mando debía reportar a sus superiores sobre lo recabado por sus subalternos; asimismo, los jefes de cada grado daban órdenes precisas a sus subordinados sobre cómo proceder. De esta manera, Pozos fue quien le dio a Concepción Galván la instrucción de que cada uno de los brigadieres reuniera 10 hombres con sus respectivos nombramientos como oficiales, quienes a su vez reunirían a 10 soldados. Entre los oficiales, Galván pudo reclutar solamente a cinco: Pantaleón Castellanos - el infiltrado -, Lorenzo - del que no recordó su apellido, pero que era vecino de Pantaleón Castellanos -, Luis Valdez - que residía donde se llevaban a cabo las reuniones en Analco 777 -, Gregorio Santana - compadre de Galván - y Ángel González.⁴⁴

Sobre el atentado contra el regidor Justo González, Galván coincidió con el soldado Pantaleón Castellanos en lo relativo al propósito de asesinarlo, pero aclaró que esa reunión no se llevó a cabo en casa de los Galván, sino en la de su jefe Jesús Pozos, quien además buscaría la aprobación del licenciado Manuel Garibi Tortolero.⁴⁵ Después agregó que las juntas no tenían el objeto de suprimir a algún funcionario o alto jefe del Ejército Nacional porque apenas empezaban a organizarse. Anteriormente, al enterarse de que la agrupación requería armamento, Concepción Galván le propuso a Jesús Pozos, disponer de 100 armas que tenía guardadas en la barranca de Oblatos, a cambio de una gratificación. Pozos aceptó, pues la idea era provocar una rebelión, la cual - al ampliar su declaración - señaló que tenía por objeto establecer un gobierno para toda la república que permitiera libertades en el ejercicio del culto religioso católico, de trabajo, de conciencia y de enseñanza. Sobre las armas, Pantaleón Castellanos corroboró el asunto y agregó que eran como 500 armas largas que había enterrado un jefe de la rebelión cristera amnistiado por el gobierno, pero que más tarde fue aprehendido y fusilado. Y que el dinero pedido a cambio de las armas tenía como destino entregárselo a un compadre del excristero fusilado, quien conocía el lugar en que estaban enterradas las armas.⁴⁶

Jesús Pozos confirmó en su declaración inicial que dirigía las juntas que tenían como objeto la organización para implantar un gobierno en toda la república acorde con sus ideas de libertad de conciencia, de enseñanza y cultos.⁴⁷ En esas reuniones, además de los hermanos Galván, participaban Luis Lozano, Jesús Ferrer, Arnulfo Quintero, Manuel Rosas, Vicente Cabrera, Antonio Mejía y Rafael Vázquez (o Velázquez). Añadió que las juntas se verificaban desde mayo o junio de 1934 en distintos puntos de la ciudad, como en las casas de la calle Mariano Bárcenas 17 y 786; en su propia casa ubicada sobre la calle Analco 312 y la del número 777 de la misma calle, y las últimas eran celebradas en la calle de Héroes 136 o 138 los martes a las 8:00 p.m. Estas reuniones las organizaban por instrucción que recibía primero del licenciado Rafael Gutiérrez Hermosillo, quien después fue sustituido por José Gómez (o González) y finalmente por el licenciado Enrique Morfín; a estas citas concurrían Carlos Lomelí⁴⁸ y otros cinco más.⁴⁹ Para constatar los hechos, el general de división Alejandro Mange ordenó al general brigadier Miguel Molinar comisionar al coronel Fernando Sosa para vigilar a Jesús Pozos durante una de las revistas a sus subordinados, según manifestó Molinar en su declaración. Al respecto, Sosa comprobó que Pozos instruyó a los grupos a apostarse a las 10:00 de la mañana, desde el Molino de Rizo hasta el templo de la Concepción, y que, al pasar él, debían hacer una señal convenida o colocarse exactamente frente al número de las casas.⁵⁰

Desde la averiguación previa y durante la fase de instrucción, Jesús Pozos sostuvo que primero fue invitado por Aurelio Hidalgo, comisionado por Manuel Romo de Alba para ese efecto y a quien reconocía como autor intelectual de la organización, también jefe de los licenciados Rafael Gutiérrez Hermosillo y Enrique Morfín González. Romo de Alba otorgó grados militares a Pozos y al resto, quedando de la siguiente manera: el licenciado Rafael Gutiérrez Hermosillo y José Gómez o González como mariscales; Concepción Galván, José María Galván, Luis Lozano, Jesús Ferrer, Arnulfo Quintero, Manuel Rosas, Vicente Cabrera, Antonio Mejía, Rafael Vázquez o Velázquez, como brigadieres;⁵¹ los oficiales se formaban de grupos de 10 individuos para cada brigadier - los oficiales de Concepción Galván eran los referidos en su declaración -, y cada oficial disponía de 10 soldados. Por las fechas relatadas por Pozos sobre las primeras reuniones - entre mayo y junio de 1934 -, y porque Romo de Alba confirió grados militares, puede inferirse que esta célula era una ramificación temprana de las Legiones en su fase de consolidación, quizá la “primera piedra” que él mismo describió (Romo de Alba, 1986, p. 235), porque para mantener el sigilo, los miembros de una legión podían conocer solo a sus jefes inmediatos, y queda claro que Romo de Alba era conocido por los delatores.

Respecto de la adquisición de armamento, Jesús Pozos confirmó que Concepción Galván le había ofrecido las armas, pero antes de aceptar respondió que lo consultaría con los mariscales Morfín y José González (o Gómez). Este último le ordenó hablar con todos los brigadieres para conseguir armas baratas y en buenas condiciones. Por ello, Concepción Galván le indicó que podría facilitar las 300 o 500 armas largas de la barranca. En esas reuniones se informó que el complot tenía ramificaciones en varias poblaciones del estado y también en las ciudades de México, Monterrey y Torreón, además de otros estados no precisados. Esto coincide con lo dicho en la comparecencia del soldado infiltrado sobre que, en una reunión, para reforzar la seguridad, Pozos afirmó que no había nada que temer, pues los trabajos avanzaban con intensidad y ya se contaba con cerca de 10 000 hombres en Jalisco, 21 000 en la Ciudad de México, 5 000 en Monterrey, 8 000 en Durango y otros contingentes en distintas zonas del país.⁵²

Durante su declaración preparatoria, Pozos precisó que los miembros de la organización debían estar perfectamente preparados y disciplinados, pues en cualquier momento - sin saber cuándo - se desarrollaría la acción que exigieran las circunstancias. Añadió que, poco antes de su detención, el licenciado Hermosillo les indicó emplear medios pacíficos como huelgas y boicots para obstaculizar las funciones del gobierno y así obtener libertades lícitas para el culto, de enseñanza y prensa. Esto sugiere que para entonces las Legiones se encontraban en proceso de mutación hacia La Base.

Campbell (1976) encontró indicios sobre la transformación de las Legiones en La Base en tres cartas, dos de las cuales fueron decomisadas por la Procuraduría General de la República al arzobispo de Morelia y delegado apostólico, Leopoldo Ruiz, poco antes del proceso penal a los legionarios. Una en la que comunicó a una “destacada católica” - Raquel Salinas (Portes Gil, 1934, p. 123) -, su deseo y consejo para que los católicos no se lanzaran a “la aventura de una revolución” (Portes Gil, 1934, p. 123), porque “una organización compacta, numerosa, disciplinada conseguirá mucho más” (Portes Gil, 1935, citado en Campbell, 1976, p. 43).⁵³ En otra carta, Campbell (1976) identificó un indicio que sugiere que en la agrupación debía haber un líder visible y “una base lo más amplia posible”, para lograr que “los católicos de todas las esferas sociales ingresaran a la organización”, y para evitar la represión del gobierno y perjudicar a la Iglesia, “el grupo debía adoptar una postura estrictamente pacífica y ‘no emplear la violencia, a menos de que se tuviera la certeza de pisar en terreno firme’” (p. 43). Mientras que, en la tercera carta, dirigida al provincial jesuita en octubre de 1934, Ruiz y Flores le pide que su congregación proporcionara asesores, asistentes o consejeros, para dirigir, organizar y ayudar a las asociaciones ya establecidas y las que se fueran formando, como La Base (Campbell, 1976, p. 44; Portes Gil, 1934, p. 127).

La tergiversación del objeto principal de la organización pudo afectar el ánimo de los legionarios. Jesús Pozos señaló después que se consideraba víctima de un engaño por parte de los líderes de la organización, quienes - según su propio juicio - desnaturalizaron los hechos para hacerles creer que el gobierno atentaba contra ciertas libertades, en especial la religiosa; reconoció que haber aceptado esa versión pudo deberse, en parte, a su propia “poca ilustración”. Acto seguido Pozos proporcionó las señas particulares de Manuel Romo de Alba: alto, de cuerpo regular, sin bigote, unos 45 años, nariz larga, ojos color café oscuro, barba afeitada, complexión regular, medio calvo y con aspecto de persona acomodada, siempre bien vestido. Concluyó afirmando que no conocía a Valeriano Valdovinos - a quien fusilaron por hacer propaganda sediciosa -, que las juntas se realizaban con la mayor discreción para evitar que la organización se descubriera y que el requisito esencial para ingresar era un compromiso absoluto de sigilo,⁵⁴ que en ese momento quebrantó.

Durante la averiguación previa, las declaraciones rendidas ante el procurador entre el 4 y el 6 de febrero de 1935, terminaron con la de Enrique Morfín González, quien señaló que conocía a Jesús Pozos como fabricante de velas de cera, pero negó los cargos que le atribuyó como organizador y asistente de las juntas secretas, también negó ser autor de las instrucciones dadas a Pozos para adquirir armas.⁵⁵ Durante la declaración preparatoria del 9 de febrero, manifestó inconformidad con lo asentado en la primera acta, y solicitó aclarar y adicionar nueva información. En esta ocasión, llama la atención que fue el único que proporcionó el nombre completo de Manuel Romo de Alba, a quien aceptó haber conocido por referencias, pero no personalmente. Incluso, el personal del juzgado dejó asentado en la declaración que al interrogar a Enrique Morfín escuetamente sobre si conocía a Romo de Alba, este inmediatamente lo identificó:

Más tarde, en comparecencia a la que acudió por citación, Morfín González describió a Manuel Romo de Alba como un hombre de 40 años aproximadamente, complexión regular, estatura baja, “color medio güero”, vestido con traje de casimir, sin señas particulares visibles y cuyo domicilio desconocía.⁵⁷ Esta declaración aporta nuevos datos al retrato hablado de Romo de Alba, aunque discrepa del testimonio de Jesús Pozos respecto de la estatura, quizá con la intención de mantener oculta la identidad de su jefe. Sobre la relación que mantenía con Jesús Pozos, Morfín González señaló en su primera declaración que se limitaba a asuntos propios de su profesión como abogado y que conocía a Pozos desde hacía dos años. Aclaró que no había pertenecido a ningún partido político, “o que por lo menos no guarda memoria de haber sido miembro de algún Club o Partido de estos fines”, pero que era asesor de un sindicato llamado La Cervecería Occidental y Anexas, aunque desconocía si este era de tendencias católicas. También pertenecía a una asociación mariana de carácter pío y católico.⁵⁸ Posiblemente como parte de los “grupos locales de selectos católicos devotos” pertenecientes a la Congregación Mariana, de los que surgieron inicialmente las Legiones (Campbell, 1976, p. 32).

Figura 1

Jerarquías de la octava brigada de las Legiones en Guadalajara, 1934-1935

Fuente: Elaboración propia con base en FSCJN, CCJG/1JD, CP, 1936, caja 70-83, exp. 83.

Como parte de la fase de instrucción, el expediente judicial incluye la formación de cuadernos de pruebas e incorporación de documentos - correspondencia, telegramas, relicarios, impresos, fotografías -, objetos asegurados - una navaja - y demás elementos destinados a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Salvo por la navaja, el resto de los objetos se encuentran en el expediente.⁵⁹ La mayoría de los documentos se componen de estampas y postales religiosas que probaban su fe, pero en apariencia nada tenían que ver con la conspiración. Los documentos recogidos permiten entender lo que, para la justicia en la época, constituía evidencia e indicios de una conspiración católica.

Varios documentos recogidos a los acusados remiten a operaciones comerciales o tarjetas de servicios con anotaciones manuscritas, incluso un poema “A Jesucristo” escrito por el licenciado José Gutiérrez Hermosillo - posiblemente hermano de Rafael Gutiérrez Hermosillo -, obsequiado a Enrique Morfín.⁶⁰ En todo caso, el documento que más comprometía a los procesados, era un texto mecanografiado fechado el 4 de enero de 1935, cuyo título rezaba: “NORMAS del Comité Ejecutivo Episcopal a los Sacerdotes y a los Católicos”, de la autoría del arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, desde San Antonio, Texas, relativo al rechazo de la educación sexual y las tendencias antirreligiosas del Partido Nacional Revolucionario (PNR) por el asunto de la educación socialista, la cual, a decir del escrito, contenía “muchos errores contra la fe”.⁶¹

El documento mecanografiado conllevó el peso de la autoridad eclesiástica y prohibía a todos los católicos - bajo pecado grave - inscribirse en el PNR, y a quienes ya pertenecieran, se les ordenó separarse del mismo a la mayor brevedad; además se incluyó una serie de penas y restricciones partidistas y del ámbito educativo dirigidas a directores, profesores y padres de familia. Un elemento llamativo es que el texto es un borrador y no una edición final, si bien esto denota el acceso de las Legiones a información eclesiástica oficial previo a su publicación, como Romo de Alba (1986, p. 240) lo precisa; no obstante, esto tampoco se vinculaba judicialmente con la conspiración.

Después de las declaraciones rendidas ante el procurador de justicia, el proceso pasó al Juzgado Segundo de Distrito, a cargo del juez Miguel Aguillón Guzmán; el agente ministerial federal, Luis F. Ordaz Rocha, tomó el caso para abrir la averiguación judicial y solicitó una orden de cateo en las casas de los inculpados. El primer domicilio registrado fue el de Enrique Morfín González; durante el cateo se hallaba ahí su papá, Alfredo Morfín Silva. En el acto se encontró “únicamente una gran cantidad de objetos y papeles relacionados con la religión católica, sin que se hubiera encontrado ni propaganda subversiva, ni armas o utensilios propios para fomentar o sostener una rebelión”.⁶²

Varios de los impresos y cartas se agregaron al expediente por considerarse de interés para el auto de averiguación. Entre los documentos figuraban: un oficio legal sobre la solicitud de renuncia a una corporación; dos recordatorios del prefecto del Laus Perennis que involucraban a Enrique Morfín en prácticas de adoración en 1934; un documento notarial de 1921 relativo a una propiedad en la colonia francesa; un ejemplar del periódico El Misionero de julio de 1934, que además contenía un volante de la Comisión Organizadora Contra la Educación Sexual dirigido a los padres de familia con un llamado abierto a defender la “Libertad de Enseñanza”; un impreso de 1927 con la “Exhortación del Subcomité Episcopal” por el aniversario de la suspensión de cultos; un volante de 1918 titulado, “¿Quién es el responsable?” sobre la misma problemática en Guadalajara; una carta privada enviada desde Monterrey por Luis Morfín González en 1934 sin contenido político; otra carta de 1932 relativa a un cobro, y una circular del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, fechada en agosto de 1927, sobre la precaria situación económica del clero en el contexto de la rebelión cristera.⁶³

Al cotejar los documentos frente a Enrique Morfín durante su declaración preparatoria, el agente ministerial Luis F. Ordaz Rocha manifestó que, durante el cateo en el domicilio, se encontró entre sus libros uno de organización militar que estaba sobre una mesa a la cabecera de la cama de Morfín.⁶⁴ Pese a que el texto no obra en autos, lo cierto es que pudo haber sido muy revelador para identificar el fundamento teórico militar detrás de las Legiones. Enrique Morfín tomó la palabra para precisar que el libro no se refería a organización ni táctica militares, sino a una base de las ciencias sociales, que formaban la sociología llamada “vericología”.⁶⁵ Finalmente, Morfín nombró defensores a Saturnino Coronado, Rafael Preciado y los hermanos Víctor y Efraín González Luna.

Durante las diligencias de cateo en el domicilio de Manuel Rosas, brigadier de las Legiones, no se halló propaganda subversiva ni objetos vinculados a una rebelión. Su madre declaró que él poseía un máuser y una pistola, pero que las había entregado el día anterior a un desconocido, por recomendación del cura Gregorio Rodríguez, quien también le advirtió del cateo y le sugirió poner la pistola a disposición de las autoridades. Durante la revisión solo se encontraron dos albas sacerdotales, vinajeras y libros litúrgicos en latín, objetos de su hermano sacerdote, José Rosas. El informe del cateo destacó además la marcada religiosidad, tanto en esta casa como en la de Enrique Morfín, visible en la abundancia de imágenes y libros católicos.⁶⁶ Un punto llamativo es que Manuel Rosas nombró defensor al licenciado Agustín Navarro Flores,⁶⁷ cuyos servicios jurídicos se ofrecían en el semanario La Actualidad de Manuel Romo de Alba en 1932. Poco después de iniciado el juicio, fue el primer rector de la Universidad Autónoma de Occidente, vinculada al grupo secreto católico conocido como los Tecos, surgido en la misma época (ver González, 2019; Santiago Jiménez, 2023).

A pesar de que los demás acusados manifestaron haber estado desvinculados de la organización secreta, el 10 de febrero de 1935, el juez los declaró presos como presuntos responsables de los delitos de conspiración y rebelión, mientras Concepción Galván, Jesús Pozos y Enrique Morfín, también fueron procesados por tentativa de homicidio. Todos salieron bajo fianza mientras se resolvía el juicio, y solamente Alfredo Becerra y Alejandro Alfaro fueron puestos en libertad por falta de méritos.⁶⁸

Luego de interponer el recurso de apelación y una robusta defensa por parte de Efraín González Luna, para el 18 de abril de 1935 el Tribunal del Cuarto Circuito resolvió poner en libertad por falta de méritos a Enrique Morfín González, además de Luis V. Lozano, J. Manuel Rosas, Ángel González, Javier Ruvalcaba y Luis Coronado. Concepción Galván y Jesús Pozos no corrieron con la misma suerte; el magistrado decretó su formal prisión por el delito de conspiración, pero su libertad por falta de méritos en cuanto a los delitos de rebelión y tentativa de homicidio.⁶⁹

Un año después de iniciado el proceso, el 26 de febrero de 1936, todavía no habían sido juzgados Jesús Pozos y Concepción Galván, por lo que permanecían en libertad bajo caución sin haber recibido sentencia definitiva. Al respecto, el agente ministerial Luis F. Ordaz Rocha sugirió declarar agotada la averiguación.⁷⁰ En cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el expediente fue remitido al juez primero de distrito en el estado, Ildefonso V. Valencia, quien asumió el conocimiento de la causa. Una vez agotada la instrucción, el agente del Ministerio Público Federal, Leopoldo F. Zepeda, formuló conclusiones acusatorias contra Concepción Galván y Jesús Pozos por el delito de conspiración, mientras que la defensa sostuvo su inculpabilidad y, subsidiariamente, solicitó la aplicación de la pena mínima. Tras diversos diferimientos de la audiencia de ley, esta finalmente se celebró con la reproducción de las conclusiones de ambas partes y los alegatos correspondientes. Concluido el debate, el juez dictó sentencia definitiva el 8 de agosto de 1936, declarando a Concepción Galván y Jesús Pozos penalmente responsables del delito de conspiración y condenándolos a nueve meses de prisión y una multa de 100 pesos, o 50 días adicionales de prisión en caso de insolvencia, con abono del tiempo que habían permanecido detenidos y el beneficio de condena condicional. Sin embargo, la sanción no llegó a surtir plenamente sus efectos, pues en febrero de 1937 el juez declaró insubsistente la sentencia, a solicitud de la Secretaría de Gobernación y con fundamento en los artículos 2 y 7 de la Ley de Amnistía promulgada ese mismo año.⁷¹ Finalmente, las autoridades judiciales no localizaron a los jefes de la conspiración ni identificaron el nombre de la organización, pues ni los declarantes lo conocían. De ello se infiere que “las Legiones” fue, posiblemente, un apelativo asignado después, ya que tanto Romo de Alba (1986), como Padilla (1948), se referían al grupo como ‘la Organización’, mientras que en las circulares arzobispales de 1934 y 1935, fueron llamados como ‘los legionarios’, en consonancia con el texto de José Antonio Urquiza fechado en 1936, y titulado Brief History of the Legionnaires in Mexico, consultado por Ellstrand (2022).

Conclusiones

La historiografía sobre las Legiones presenta inconsistencias respecto de sus orígenes y liderazgo. Ortoll y González coincidieron en atribuir a Manuel Romo de Alba un papel central en la creación y dirección de la organización; sin embargo, persisten discrepancias en torno a su fecha de fundación. González (2019, p. 223), siguiendo a Serrano Álvarez, la situó entre 1930 y 1931, interpretación que respaldó con una entrevista a Francisco López González - uno de los fundadores del Partido Acción Nacional en Jalisco -, quien afirmó haber sido invitado por Romo de Alba a incorporarse a las Legiones en 1930. Estos indicios sugieren la existencia de una agrupación incipiente desde los años posteriores a los arreglos de 1929. No obstante, la configuración ideológica que posteriormente caracterizó a las Legiones parece guardar mayor afinidad con los planteamientos de la encíclica Quadragesimo Anno de 1931, orientada a la restauración del orden social cristiano (Ellstrand, 2022, pp. 35-36); propósito congruente con las declaraciones de los propios legionarios en el juicio aquí analizado.

Por su parte, Campbell (1976) atribuyó a la jerarquía eclesiástica la fundación de “la Legión” a finales de 1932, planteamiento retomado posteriormente por Hernández García de León (2004). No obstante, este último propuso una fecha más cercana a la que se desprende del juicio contra la octava brigada de las Legiones: finales de 1934. Esta postura coincide parcialmente con las declaraciones de los acusados por conspiración, quienes señalaron que las reuniones comenzaron a mediados de 1934. Asimismo, el legionario Jesús Pozos identificó a Manuel Romo de Alba como dirigente de la organización, en concordancia con las memorias de este último. Ello refuerza la idea de que la jerarquía eclesiástica - al menos durante los inicios - no dirigía las Legiones, como advirtió Campbell (1976), y matiza la interpretación de Hernández García de León (2004), quien inicialmente atribuyó ese papel a Antonio Santacruz antes de reconocer el liderazgo de Romo de Alba.

Los procesados penalmente por conspiración en Guadalajara pueden identificarse como legionarios de la rama de Manuel Romo de Alba - salvo por el soldado infiltrado -. Sus declaraciones indican que contemplaban la realización de un golpe de Estado y muestran que, poco antes de su detención, el licenciado Hermosillo - de quien se sabe poco -, probablemente influido por la postura del delegado apostólico contraria a un nuevo levantamiento armado, los exhortó a privilegiar medios pacíficos. Este episodio podría interpretarse como un intento por orientar al grupo de Romo de Alba hacia La Base. Campbell (1976, pp. 44-45) sostuvo que las Legiones constituían el núcleo de dicha organización, por lo que ambas coexistieron de manera simultánea. Esta circunstancia podría explicar que atribuyera a Antonio Santacruz la dirección de la nueva organización en la Ciudad de México. La interpretación de Ellstrand (2022, p. 38) parece reforzar esta lectura, pues sostiene que la facción dirigida por Santacruz prevaleció dentro de las Legiones y se transformó en La Base, cuya conducción inicial recayó en un consejo secreto integrado por Santacruz, José Antonio Urquiza y Gonzalo Campos, figuras cercanas a los jesuitas.

Puede inferirse que la organización atravesó distintas fases de desarrollo. Una primera etapa habría surgido tras los arreglos de 1929, posiblemente hacia 1930 y de forma incipiente, en un contexto caracterizado por la aparición de otras iniciativas poco estudiadas, como la Liga de Penitencia aquí revisada, o la Orden de los Caballeros de Cristo Rey, encabezada por Lauro Rocha en 1929, de la que derivó el Partido Lateral, y a partir de 1935, la Unión de Occidente del Estado de Jalisco y el Frente Único Militar; además de otra organización casi homónima - Unión de Occidente - con sede en Guadalajara, dirigida por un ingeniero que utilizaba el nombre de Juan González (Monterrubio, 2024b, pp. 232, 293). A partir de 1932, en un contexto de intensificación de las medidas anticlericales, las Legiones adquirieron una estructura más definida, circunstancia que ayuda a explicar la censura eclesiástica impuesta como medida de cautela frente al gobierno. El complot de los hermanos Rincón Fregoso no parece haber sido la causa de dicha censura, pues, como se sostiene en este trabajo, la jerarquía eclesiástica no solo no condenó esa conspiración, sino que la respaldó. Finalmente, puede identificarse una fase de consolidación durante 1934, favorecida por la controversia en torno al proyecto de educación sexual y la reforma socialista a la educación, factores que contribuyeron al fortalecimiento de la organización antes de que fuera cooptada por los jesuitas.

El juicio por conspiración muestra cómo el Estado posrevolucionario reaccionó ante las organizaciones clandestinas católicas, al diseñar un dispositivo penal inédito para contener las amenazas al régimen, lo que evidencia la voluntad gubernamental de construir un marco jurídico orientado al control político en nombre de la seguridad nacional. La tipificación del delito de conspiración puede leerse como una respuesta directa a la experiencia cristera y a la persistencia de organizaciones peligrosas que aspiraban a desintegrar el orden político por medio de la violencia.

Aunque las Legiones fueron detectadas y parcialmente desarticuladas por autoridades ministeriales, judiciales y militares, el sigilo no se quebró por completo; Manuel Romo de Alba no fue detenido en ese momento y gran parte de la estructura sobrevivió al golpe. No obstante, el juicio revela un fenómeno claro: la figura del delator que fracturó el juramento de silencio y permitió a las autoridades civiles conocer códigos, jerarquías y prácticas internas. La porosidad del secreto marcó un punto de inflexión en la organización y contribuyó a su deterioro.

En consonancia con la tesis de Santiago Jiménez (2016, p. 81), el declive del liderazgo de Manuel Romo de Alba puede interpretarse como el resultado de una serie de inconvenientes relacionados con el descubrimiento de su organización. Se asume que su traslado a Ciudad de México en 1935 se debió a la exposición de que fue objeto durante el juicio penal, ya que su nombre y descripción física figuraron en las declaraciones, además se ordenó su localización y el eventual cateo de su domicilio. Pese a que recibió el apoyo y reconocimiento de parte del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez en julio de ese mismo año, como se prueba en el comunicado arzobispal sobre “los legionarios”, su liderazgo estaba a punto de caer, cuando un pequeño grupo de jesuitas tomó el control de la organización y modificó su programa original para dar vida a La Base, acorde con los deseos de Leopoldo Ruiz y Flores, como ya se señaló.

En lo local los legionarios no desaparecieron de inmediato, algunos grupos continuaron operando de forma dispersa, heterogénea y a ritmos diversos en distintas regiones del país y fuera de este. Finalmente, el 23 de mayo de 1937, integrantes de las Legiones fundaron en León, Guanajuato, la Unión Nacional Sinarquista, unos meses después de la amnistía presidencial por la cual se decretó insubsistente la sentencia de prisión contra Concepción Galván y Jesús Pozos, únicos legionarios condenados por conspiración en el proceso penal aquí revisado.

Lista de Referencias

Archivos

AGN - Archivo General de la Nación

AHAG - Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara

FSCJN, CCJG - Fondo ‘Suprema Corte de Justicia de la Nación’, subfondo ‘Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara’

Hemerografía

Diario Oficial. Órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México.

El Informador. Guadalajara.

La Actualidad. El periódico del hogar. Guadalajara.